Según datos facilitados por el Inserso, hasta el pasado mes de septiembre se había gestionado 248.450 prestaciones derivadas de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

En España, 124.970 personas cobran una pensión no contributiva por invalidez, lo que supuso un gasto de más de 5.010 millones de pesetas. Estas pensiones son prestaciones de carácter periódico destinadas a las personas discapacitadas sin recursos económicos y mayores de 18 años.

El Insersoaprobó 110 programas de 42 asociaciones de discapacitados por un valor de casi 302 millones de pesetas y concedió 3.026 millones de pesetas a corporaciones locales para sus programas asistenciales.

El Ministerio de Asuntos Sociales está últimando en estos días un Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, que propone una nueva estrategia para la atención de las personas afectadas por una minusvalía.

El Plan de Acción para las Personas con Discapacidad profundiza en los principios de normaización e integración recogidos en la LISMI y destaca las medidas de política activa que promueven la independencia, el protagonismo y la participación de las personas discapacitadas en la vida social y económica.

Este Plan se estructura en seis grandes capítulos o planes sectoriales: promoción de la salud y prevención de deficiencias; asistencia sanitaria y reahabilitación integral; integración escolar y educación especial; participación e integración en la vida económica; promoción de derechos y vid autónoma e integración comunitaria.