El envío de estas miivas fue comunicado hoy por el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, a una delegación de UGT encabezada por su secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, dentro de la ronda de negociaciones del Reglamento que desarrollará la Ley de Pensiones no Contributivas.

Tendrán derecho al cambio de prestación los 370.000 titulares de pensiones asistenciales y las 120.000 personas con derecho a la pensión establecida en la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI).

La cuatía de estas pensiones es de 23.000 pesetas, mientras que el importe de la nueva pensión no contributiva, que comenzó a aplicarse este año, es de 26.000.

Por otra parte, Apolinar Rodríguez exigió nuevamente que el importe de las pensiones no contributivas se sitúe en 1991 en 28.000 pesetas, como paso previo a las 30.000 comprometidas por el Gobierno para 1992.

Según explicó el dirigente ugetista a un grupo de periodistas, Adolfo Jiménez alegó que no la cuantía de la prestación no puede modificars por vía reglamentaria, por lo que UGT propondrá al ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, que se tramite mediante una ley de artículo único.

Rodríguez aseguró que el acuerdo sobre pensiones no contributivas alcanzado en la concertación social estipulaba que serían de 14 pagas mensuales de 26.000 pesetas si la ley entraba en vigor en 1990 y, en todo caso, de 30.000 pesetas en 1992.

Al no aplicarse en el 90, los sindicatos entienden que este año debería ascender a 28.000 pesetas. El coste de ess 2.000 pesetas de aumento, según estimaciones de UGT, sería de 15.000 millones de pesetas.

El responsable ugetista señaló que existe acuerdo en las demás cuestiones relativas al desarrollo reglamentario de la ley, si bien queda por concretar la participación sindical en la gestión de estas prestaciones.

A las pensiones no contributivas tienen derehco las personas mayores de 65 años y los minusválidos o enfermos crónicos en grado igual o superior al 65 por ciento, siempre que carezcan de recursoseconómicos. Las tres cuartas partes de los beneficiarios potenciales, que el Ministerio de Trabajo cifra en 700.000, son mujeres.