El IIE mostró su apoyo y agradecimiento a los profesionales que trabajan en la extinción de los fuegos y urgió la ejecución de medidas de gestión forestal “para reducir la combustibilidad de nuestros montes”.

Según el Instituto, los presupuestos autonómicos destinados a la gestión forestal se redujeron drásticamente tras la crisis de 2008, a pesar de que España cuenta con 28 millones de hectáreas de superficie forestal (55,3% del territorio), de las cuales dos terceras partes son arboladas.

Además, recordó que el 72% de esa superficie es privada y que la acumulación de biomasa “aumenta año tras año”, ya que se aprovecha solo un tercio de la madera que producen los bosques, mientras se importa casi la mitad del valor económico de los productos maderables.

El organismo considera necesario “destinar unos 1.000 millones de euros anuales” a tratamientos selvícolas de prevención, con financiación estable y optimización de fondos públicos, para mejorar el estado sanitario de los bosques, hacerlos resilientes al cambio climático y reducir las consecuencias trágicas de los incendios.

Asimismo, el Comité de Asuntos Rurales del IIE defendió fomentar “actividades económicas ligadas al monte”, como el aprovechamiento de la madera, otros productos forestales y la ganadería extensiva, para crear riqueza, empleo y fijar población en el medio rural. “El monte rentable no arde”, subrayó.

En cuanto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), el IIE propuso en 2024 “ampliar el papel de la biomasa forestal” para producir energía térmica y eléctrica, construir redes de calor, aumentar la potencia de generación con biomasa de 1,4 a 1,9 GW, reducir el IVA a los consumidores y favorecer la instalación de equipos de calefacción modernos. Según el Instituto, la biomasa puede reducir hasta un 60% la superficie quemada y genera entre 10 y 12 empleos por megavatio en zonas rurales.

Finalmente, el IIE reclamó “pasar de enfoques exclusivamente forestales” a un “análisis territorial más amplio” que tenga en cuenta factores socioeconómicos como elemento clave en la prevención de riesgos.