Rodríguez está siendo investigada junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos relativos a la instrucción por dos delitos fiscales y falsedad documento mercantil en una causa conta el empresario.

Dado que ésta diligencia podría “afectar los intereses” de González Amador en la causa que se sigue en su contra, el magistrado dio traslado a su defensa de la petición para alegaciones.

La defensa del empresario se opuso al no considerar “necesaria” esta diligencia y por entender que podría ocasionar “consecuencias y perjuicios procesales y extraprocesales derivados de las revelaciones objeto de la presente causa” y que podrían afectar a la causa al haberse frustrado el intento de acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

De hacerse públicas esas comunicaciones se podría producir “la irreversible lesión de las vías de defensa, que jamás podrían volver a ser igual de favorables como lo hubieran sido sin las referidas revelaciones, con la consiguiente merma para el derecho defensa, y la lesión para el derecho a la presunción de inocencia”.

También señala el magistrado los “efectos extraprocesales, de índole reputacional” que afectarían a González Amador. Por último, recuerda que su abogado Carlos Neira invocó el derecho de defensa para oponerse a la entrega de esas conversaciones que no pueden ser desligadas de la causa contra el empresario y cuya entrega “no parece lo más coherente”.

Además, el instructor ha dictado otro auto en el que desestima los recursos de reforma de González Amador y de la acción popular en representación de Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el rechazo a practicar varias diligencias.