La proposición ha sido aprobada con los votos del Grupo Andalucista, el Partido Popular e Izquierda Unida, aunque fue rechazada por los socialistas por considerar que la Dirección General de Patrimonio, antigua propietaria de la empresa, ya abrió una investigación cuyas conclusiones se trasladaron al ministerio fiscal, según explicó el diputado malagueño Enrique Linde.

Según la proposición, el Gobierno andaluz deberá instar al Gbierno central para que investigue las irregularidades cometidas en la privatización de la empresa textil y determine las posibles responsabilidades administrativas y políticas y después trasladar sus conclusiones a los tribunales de justicia.

Los cuatro grupos políticos han coincidido en votar un acuerdo por el que se aboga por una solución a la crisis que garantice la superviviencia de la empresa, el mayor número de los puestos de trabajo y la creación de empleo alternativo.