Intercids explicó este miércoles que "desde que en 2021 la multinacional Nueva Pescanova anunciara su intención de instalar una granja de pulpos en España, la primera del mundo, se ha suscitado una gran contestación ciudadana que a día de hoy sigue demandando a los poderes públicos que eviten en nuestro país este tipo de actividad, por su crueldad para los animales y por sus nocivos efectos sobre el ya deteriorado medio marino".

Dado que en la actualidad no existe una normativa que regule este tipo de granjas, Intercids, integrada por jueces, fiscales, abogados, procuradores, agentes de policía y forestales, ha elaborado una propuesta cuyo objetivo es establecer, directamente, su prohibición.

ANIMALES DE "GRAN COMPLEJIDAD"

Esta ONG subraya que los estudios científicos sobre los pulpos han demostrado que son animales con una gran complejidad cognitiva y conductual, memoria, curiosidad y capacidad para explorar, utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse. La evidencia científica también indica que los pulpos pueden padecer dolor físico y emocional, así como recordar ese sufrimiento y experimentar temor.

Los pulpos son animales únicos cuya cría y confinamiento en granjas, además de ser cruel, supone aniquilar los atributos y capacidades naturales de un animal salvaje. “Mantenerlos en cautividad es destruirlos, es incompatible con sus necesidades, sometidos a un entorno sin estímulos y con riesgo de sufrir lesiones y enfermedades”, argumentan desde Intercids.

"La mayoría de los pulpos son solitarios por naturaleza y se ha documentado que en situaciones de confinamiento y hacinamiento se automutilan o se agreden entre ellos. Por otro lado, hay evidencia de que la falta de estimulación ambiental puede tener un impacto perjudicial en los atributos y capacidades cognitivas del pulpo. Además, tampoco existe un método que permita aturdirlos antes de matarlos, sin provocarles dolor ni angustia", prosigue la ONG.

Añade que "en un momento en el que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina es cada vez más necesaria y urgente, no pueden obviarse los negativos impactos y daños al océano asociados a la cría y explotación intensiva de estos animales, cuyo consumo hasta ahora procede de la pesca artesanal".

Entre esos impactos, alerta de que los vertidos de residuos y de agua recirculada al mar, que alteran el medio acuático e impactan en las especies que viven en el mismo; el uso de productos químicos y tóxicos que pueden contaminar el entorno e incluso amenazar la salud pública; las emisiones de CO2 que contribuyen al efecto invernadero; la contaminación lumínica que afecta a diversas especies de animales; los problemas derivados de los malos olores producidos por estas granjas; y el riesgo de que pulpos criados en cautividad, con mermadas y disminuidas capacidades, sean liberados accidentalmente al mar, afectando negativamente a otros pulpos y al equilibrio ecológico.

"A lo anterior hay que añadir que la acuicultura con especies carnívoras como los pulpos presenta en sí misma un problema de insostenibilidad y de ineficiencia en el uso de recursos naturales, no sólo por sus elevados consumos de energía y agua. Su actividad se centra en mantener en cautividad y explotar animales salvajes que para alimentarse necesitan proteína de otras especies de animales acuáticos, lo cual conlleva una mayor presión pesquera sobre las poblaciones de peces y crustáceos", precisa.

“Todas estas negativas consecuencias, sobre los animales y sobre el ya muy fragilizado medio marino, no pueden ser asumidas en favor de la explotación industrial masiva del pulpo, que ni resulta un alimento básico ni responde a necesidades de seguridad alimentaria que justifiquen su producción intensiva en granjas”, afirma Intercids, que apuesta por ello por su prohibición legal.

MODIFICACIÓN DE LA LEY

La propuesta de Intercids, que ha sido trasladada a la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (Apdda), consiste en modificar la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos para prohibir la acuicultura con pulpos para consumo y otros fines productivos, así como la comercialización de pulpos procedentes de estas granjas. Para ello, la entidad apela a la competencia del Estado para legislar de manera básica sobre protección del medio ambiente y planificación general de la economía, a la vez que se respetan las competencias de las comunidades autónomas sobre acuicultura y la gestión medioambiental.

En su propuesta, la entidad argumenta que la modificación de esta ley española es totalmente coherente con las 'Directrices estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el período 2021-2030', entre las cuales la Comisión Europea indica que se deben “utilizar ingredientes en la alimentación que se obtengan de la forma más respetuosa posible con los ecosistemas y la biodiversidad, y que, al mismo tiempo, resulten adecuados para garantizar la salud y el bienestar de los animales”. Algo que de ninguna manera pueden cumplir las granjas de pulpos, un motivo más por el que no deberían ser permitidas.

“Los poderes públicos tienen el deber de proteger el medio ambiente y los animales. Y tienen que hacerlo aplicando el principio de precaución”, afirma Intercids, que explica que, en virtud de este principio, cuando una actividad puede tener efectos potencialmente peligrosos, ha de evitarse la misma o adoptar medidas para prevenir eficazmente sus impactos.

“En el caso de las granjas de pulpos se trata de una actividad totalmente nueva, para la que no existe ninguna regulación específica y sobre la que ya sabemos que, de forma inevitable, conllevará consecuencias dañinas para estos animales y para el medio ambiente. Teniendo en cuenta esos negativos impactos, por precaución debe prohibirse. Y considerando que hasta ahora es una actividad inexistente, el momento de prohibirla es ahora. Es un ejercicio de responsabilidad pública”, concluye.