Así lo comunicó la directora de Gabinete del secretario de Estado de Seguridad, Ana Prejigueiro, en respuesta a una pregunta planteada a través del portal de transparencia, sobre el posible asesoramiento proporcionado por el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa a Ucrania para la defensa de su integridad territorial, antes de que se iniciara la agresión militar rusa el pasado 24 de febrero.

En el caso del departamento que lidera Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), teniente general Fernando García González-Valerio, respondió, con fecha de 24 de febrero (inició de la agresión rusa), que “en el ámbito del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire no se ha proporcionado, ni se tiene previsto proporcionar, ningún tipo de asesoramiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Por el contrario, en la contestación del Ministerio del Interior, se alega que, aunque todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, de acuerdo con el desarrollo legislativo que realiza la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, “no se puede sostener que éste sea un derecho absoluto e ilimitado”.

En concreto, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska esgrime el artículo 14 sobre ‘límites al derecho de acceso’ de la citada Ley para negar la información. En concreto, se escuda en el 14.1.c, cuando “pueda suponer un perjuicio para determinados ámbitos sociales, entre ellos las relaciones exteriores".

Interior sostiene que la Administración debe realizar el test del daño y el del interés público en la divulgación de la información y añade que “es obvio que el tenor literal de la pregunta afectaría directamente a estas materias” por cuanto “interroga sobre el contenido de las relaciones entre España y un Estado que participa en una contienda militar internacional”.

En la misma línea, alega que pregunta concretamente “sobre el objeto de determinadas relaciones de colaboración entre ambos Estados, que podrían alcanzar a la seguridad nacional y a la seguridad pública”, llegando “a minar la confianza en el que se basan las relaciones diplomáticas y pudiendo llegar a dañar el marco de confianza mutua y de confidencialidad”.