Según los internautas, dicha regulación es "inconstitucional e infringe el ordenamiento jurídico" porque, entre otras razones, "no garantiza el honor ni la intimidad personal" de los usuarios de las comunicaciones.

Asimismo, asegura que el Ejecutivo no está facultado para establecer el procedimiento legal relativo a la interceptación de las comunicaciones, que deben ser acordadas por la autoridad judicial.