Para explicó que si se tratara de juegos cedidos a empresas con ánimo de luro, "se entendería que se aplicara tributación sobre los premios", pero "si el organizador del juego es el propio Estado o entidades sin ánimo de lucro, no tiene sentido, porque se estarían cargando una forma saneada de ingresos para fines de interés general".

El dirigente de esta asociación de asesores fiscales dijo que si la intención es aumentar ingresos, bastaría con que se redujera el importe de los premios para lograrlo, en lugar de pretender una medida que desincentiva las apuestas.

Por elcontrario, agregó, "si lo que se quiere es eliminar la idea de que hay fraude en el juego, porque hay gente que vende los premios, me parece una soberana tontería. Esta es una cuestión que debe ser policial si existe tráfico, y en cualquier caso, si un señor paga para lavar un dinero negro, hay otro, el que lo está cobrando, que lo está generando".

Opinó que "una manera de eliminar el fraude, que es hipotético y remoto y en el que supuestamente colaboran los bancos, es negociar con las entidades para ue no lo acepten, pero que no se cometa un disparate para gravar los juegos públicos".

Además, dijo Juan Carlos Para, "junto a los juegos del Estado estoy incluyendo a la ONCE, porque lo que financia esa institución con el cupón es un problema que está solucionando porque no lo ha hecho el Estado".