El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir que España cumpla la legalidad internacional, en la que defiende que esta exclusión abarcaría también a aquellas empresas que colaboren “con actos que puedan constituir genocidio”.

La iniciativa coincide en el tiempo con las protestas para que el equipo Israel sea expulsado de la Vuelta Ciclista a España, propiedad del magnate Sylvan Adams, al que IU juzga de “colaborador y amigo del Gobierno genocida de Benjamin Netanyahu”.

Enrique Santiago recuerda en su escrito que en julio del pasado año “la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho internacional”, por lo que “ordenó la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos, subrayando su carácter de anexión permanente, así como la vulneración de la 4ª Convención de Ginebra”.

IU apunta en su iniciativa parlamentaria que “numerosas empresas, entre las que se encuentran empresas españolas, han sido señaladas por su participación, directa o indirecta, en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelíes en territorios ocupados de Palestina, considerados ilegales según el Derecho internacional”.

Estas compañías de sectores como la construcción, tecnología y transporte “han sido incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas, observatorios de derechos humanos y diversas organizaciones como Amnistía Internacional por contribuir a la sostenibilidad de los asentamientos o beneficiarse económicamente de ellos”, sigue el texto.

"EXISTEN PRECEDENTES"

La implicación de estas empresas, que forman parte de la ocupación y colonización que ejerce Israel sobre los territorios ocupados, también podría vulnerar la legalidad internacional, ya que dichas actividades pueden estar asociadas con violaciones de derechos humanos y del Derecho Humanitario Internacional”, completa su exposición Santiago.

Izquierda Unida explica que atiende así también a las reclamaciones de diversas organizaciones de derechos humanos para “la adopción de medidas contra estas empresas con actividad económica en los asentamientos ilegales”

Recuerda que “existen precedentes como el caso de Irlanda”, donde a través de la Oficina de Contratación Gubernamental el Ejecutivo irlandés “ha dictado directrices que obligan a los órganos contratantes a verificar la implicación de las empresas en actividades que vulneren el Derecho Internacional y, en su caso, denegar la participación en licitaciones”.

Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona acordó también excluir de sus procesos de contratación pública a aquellas empresas que aparecen en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas vinculadas a asentamientos ilegales israelíes en Palestina.