Por ello, el potavoz de la coalición, Francisco Herrera, anunció que pedirá mañana, en la comisión informativa del área de Obras e Infraestructuras, que el Departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo abra expedientes informativos para determinar las posibles infracciones denunciadas por IU.

Herrera explicó que algunos de esos 46 edificios catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana con diversos grados de actuaciones -lo que impide que en ellos se realicen determinadas obras, omo demoliciones-, están siendo en realidad derribados por sus propietarios para construir en su lugar inmuebles nuevos.

"De este modo", añadió, "está desapareciendo el patrimonio arquitectónico de la ciudad, además de la desaparición de los vecinos del centro, que tienen que trasladarse a otras zonas".

Para Herrera, estos casos son tan sólo una muestra de las agresiones urbanísticas que sufre Madrid, ya que "progresivamente se está abriendo camino a la política de hechos consumados, ante una poltica urbanística inexistente y un equipo de gobierno que no se sabe qué hace en la ciudad", afirmó.

El portavoz de IU hizo referencia a otros casos más recientes para basar su denuncia. Así, explicó las actuaciones realizadas en un edificio situado en el número 9 de la calle San Andrés, que fue derribado ilegalmente por sus propietarios, a pesar de tener el máximo grado de protección.

Recordó que tras la denuncia realizada por los vecinos y por la propia coalición, el concejal de Centro, Angel Maanzo, se personó en la obra y ordenó su paralización, "lo que nosotros elogiamos en su momento, pero la cosa se quedó ahí".

Herrera anunció que la coalición pedirá al Ayuntamiento que actúe en este caso, obligando a la propiedad a que reconstruya el inmueble hasta devolverle su estado original y que imponga las sanciones pertinentes a los propietarios, "para que sirvan de ejemplo a otras personas que prentendan realizar actuaciones similares"

Finalmente, se refirió a la situación de las once famiias del inmueble situado en el número 5 de la calle Almendros, que, según una "infumable" sentencia judicial, están obligados a abandonar sus viviendas.

Dijo que, en este caso, la propiedad acudió directamente a los tribunales para solicitar la declaración de ruina del inmueble, en lugar de pedirlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ante esto, IU propuso que los servicios sociales de la Junta Municipal de Centro colaboren con los vecinos en el desalojo de sus casas, que las familias afectadas ean realojadas por el Ayuntamiento y que los órganos municipales intervengan ante la propiedad, "para evitar esta práctica tan cotidiana de claros efectos especulativos".