Según informó IU, en su misiva, Santiago se hace eco de que en la última Memoria Anual del Ministerio Público se incluyó dentro del epígrafe dedicado al ‘terrorismo nacional’ un apartado específico sobre ‘ecologismo radical’, con una mención expresa a las organizaciones ecologistas Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, que le solicita que elimine.

Haciéndose eco de las quejas de los propios afectados y otros activistas, el diputado de Sumar expone a García Ortiz que “no tiene fundamento señalar al movimiento ecologista como una amenaza terrorista”, porque “el derecho a la protesta pacífica o las acciones de desobediencia civil no tienen encaje alguno dentro de la calificación de actos de terrorismo o amenaza terrorista”.

En su opinión, esa referencia en la Memoria Anual de la Fiscalía es "un paso más en la criminalización de las personas y organizaciones que luchan contra la crisis ecológica que amenaza nuestra sociedad”, que “camina en dirección opuesta al reconocimiento que hace la ONU como formas legítimas de protesta”, así como el Parlamento Europeo en su Resolución sobre las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos, del pasado mes de marzo.

Precisamente, Santiago sugiere también a García Ortiz en su carta “incrementar los medios de la Fiscalía de Medio Ambiente para intensificar y reforzar la lucha contra la crisis climática”.