Por su parte, la diputada del PP María Teresa Estevan Bolea aseguró que en nuestro país existen alrededor de 1.200 depuradoras que no funcionan adecuadamente.

Tanto IU como PP temen que España no se adapte en los plazos previstos a la legislación comunitaria sobre depuració de aguas residuales urbanas. El Ejecutivo estima que nuestro país deberá invertir alrededor de 1,3 billones de pesetas entre 1993 y el año 2000 para cumplir esta normativa, que entrará en vigor en junio del año que viene.

En la actualidad, sólo el 40 por ciento de la población dispone de sistemas de depuración adecuados, problema al que hay que añadir, según el Gobierno, la escasa capacidad de almacenamiento que ha caracterizado tradicionalmente a algunas zonas del país, puesto que de los aproximadamnete 100.000 hectómetros cúbicos de agua que anualmente caen sobre España sólo se aprovechan el 40 por ciento.

Sin embargo, a juicio del diputado socialista Josep Ramón Modol, nuestro país conseguirá la adaptación a la directiva comunitaria en los plazos previstos, si bien recordó que la gestión de las aguas residuales urbanas corresponde a las comunidades autónomas.

Para financiar la importante inversión que requiere la adecuación a la normativa de la CE, la Administración estudia la posibilidadde variar el canon de vertidos y el precio de uso del agua, al tiempo que espera recabar ayudas procedentes de los fondos comunitarios.