Llamazares hace esta pregunta al hilo del compromiso explicitado por el presidente de la Corporación de RTVE, Luis Fernández, quien en una comparecencia parlamentaria de diciembre de 2007 dijo que la televisión pública emitiría las olimpiadas en alta definición.

Sin embargo, agrega, RTVE llegó a un acuerdo comercial de difusión de la señal de las olimpiadas en alta definición, que está ofreciendo a través de operadores privados de televisión, que son quienes difunden estos días la señal, previo pago, a través del satélite y el ADSL.

Según IU, de esta forma RTVE "ha dejado pasar la ocasión de ser una referencia en la difusión gratuita para todo el territorio de una señal en alta definición a través de la TDT, ya que todas aquellas personas que están recibiendo esta señal lo hacen a través de plataformas de pago".

Televisión Española argumentó, recuerda IU, que de cumplir su compromiso se habría visto obligada a suspender la emisión de otros canales de TDT, ya que el ancho de banda necesario para que se pudiera emitir esta señal así lo exigía.

IU entiende que ésta es una cuestión técnica ya conocida en el momento de formalizarse el compromiso parlamentario por parte de Fernández. Además, indica la coalición, en el año 2010, en el que se producirá el "apagón analógico", estas emisiones deberían ser posibles de manera gratuita.

En todo caso, indica Llamazares, es necesario que la dirección de RTVE explique sus planes al respecto y aporte "otras razones de peso que han podido motivar esa decisión".

Entre esas posibles razones, IU señala que el 95% de los hogares españoles con receptores de TV de plasma o LCD no permiten la recepción de la señal en alta definición a través de los descodificadores integrados que llevan.

Del mismo modo, añade, la inmensa mayoría de los descodificadores externos que se están comercializando tampoco incluyen esa posibilidad, con lo cual el problema de fondo es que, aunque se emitiera esa señal en alta definición a través de la TDT, muy pocos receptores permitirían ver la señal a través de los televisores o descodificadores.

Por ello considera imprescindible que el Gobierno y la Administración fijen los parámetros mínimos de la emisión de la señal de alta definición y, tal y como se está haciendo en otros países europeos, se impulse y controle la venta de aparatos de televisión y descodificadores que no engañen al consumidor y que eviten nuevos desembolsos económicos para adaptarse a la calidad de las futuras señales de alta definición.