Según informó este martes el partido político, que ejerce de acción popular en diversas causas de corrupción, entre las pruebas figuran grabaciones de audio en las que una exdirectiva de Correos y militante socialista, María Leire Díez Castro, asegura poder "sentar con la Fiscalía" a empresarios huidos a cambio de información contra mandos de la UCO.

La denuncia, que hace referencia a informaciones que está publicando el diario 'El Confidencial', solicita investigar posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, revelación de secretos y organización criminal, conforme a diversos artículos del Código Penal.

Los hechos fueron revelados en los últimos días por varios medios de comunicación nacionales como El Confidencial, The Objective, La Razón y El Independiente, que publicaron informaciones sobre esta presunta trama para desacreditar a la UCO y manipular a la Fiscalía.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

El partido ha pedido que declaren como testigos los periodistas autores de las publicaciones y que los medios entreguen los audios íntegros, grabaciones sin editar y toda la documentación disponible sobre el caso.

Entre los mandos de la UCO supuestamente afectados por esta trama figuran el teniente coronel Antonio Balas y el excapitán Juan Vicente Bonilla, según consta en las grabaciones aportadas como prueba.

"Si la UCO es el objetivo, es porque está tocando el corazón del sistema. Nosotros no vamos a mirar hacia otro lado", manifestó Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa.

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

La formación política destacó que con esta denuncia da "un paso firme en defensa del Estado de Derecho" y contra lo que considera una "corrupción estructural que afecta a las más altas esferas del poder político".

Los investigadores deberán determinar ahora el alcance de esta presunta trama y sus posibles ramificaciones en distintos ámbitos de la administración de Justicia y los cuerpos de seguridad.

La denuncia busca esclarecer si existió una operación coordinada para obstaculizar investigaciones en curso y favorecer a determinados imputados en causas por corrupción.

Las grabaciones aportadas como prueba podrían evidenciar, según Iustitia Europa, la existencia de una red dedicada a interferir en procesos judiciales y desacreditar a unidades policiales especializadas.

Los denunciantes consideran que los hechos revisten especial gravedad por afectar directamente al funcionamiento del sistema judicial y policial del Estado.