El texto original de la iniciativa preveía que solicitaran la nacionalidad los saharauis nacidos hasta febrero de 1976, el mes en el que las tropas españolas abandonaron el Sahara Occidental. Sumar sostiene que los saharauis que nacieron como españoles cuando España era la metrópoli administradora del territorio deben poder recuperar esa nacionalidad si lo desean, así como sus descendientes directos.

La ampliación del plazo se debe, según explicaron a Servimedia fuentes de Sumar, a que un decreto de agosto de 1976 estableció que los saharauis que cumplieran determinados requisitos podían optar por la nacionalidad española en el plazo de un año, hasta el 11 de agosto de 1977. Como España ya había abandonado el territorio, fue imposible ejercer este derecho, algo que el Tribunal Supremo ya reconoció en dos sentencias de 1998 y 1999.

El equipo del portavoz de Interior y Justicia de Sumar en el Congreso de los Diputados y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, se ha ocupado de compilar y organizar las enmiendas presentadas por los grupos a la proposición de ley, fusionando las duplicadas, para agilizar el desarrollo de la ponencia, una vez ésta se constituyó el pasado martes.

El PSOE accedió a desbloquear la tramitación de la iniciativa un año y un mes después de su toma en consideración, que se produjo en marzo de 2025. Sumar confía en que en una o dos reuniones de la ponencia se podrán votar e incorporar las enmiendas que susciten apoyo y pasar a la siguiente fase de la tramitación, en la Comisión de Justicia del Congreso.

OTRAS ENMIENDAS

Otras de las enmiendas de los grupos de izquierda amplían los tipos de documentos por los que los saharauis podrán nacionalizarse españoles en un período no superior a dos años si acreditan una residencia de al menos cinco. Así, una de las modificaciones introducidas matiza que el documento nacional de identidad valdrá como documento acreditativo “aunque no se encuentre vigente”, y también podrá esgrimirse un registro de inscripción para participar en un referéndum de autodeterminación del Sahara.

Por su parte, en una enmienda propia, Sumar propone incluir también como documentos válidos un certificado de escolarización, una pensión de jubilación, un permiso de conducir español o certificados de hospitalización y asistencia médica. O, con “especial validez probatoria”, el censo de 1974 del Gobierno General del Sahara Occidental, realizado por el Servicio de Registro de Población, así como el Censo y Estadística de 1975.

Otras enmiendas de los grupos de izquierda retrasan la entrada en vigor de la ley de 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a seis meses, extienden de dos a tres años el plazo que tendrán los saharauis interesados en tramitar su solicitud, establecen precisiones técnicas sobre a qué órganos administrativos han de dirigirse las peticiones, regulan ayudas a las familias que acojan temporalmente a menores refugiados saharauis e instan al Gobierno a habilitar una aplicación tecnológica para tramitar las demandas.

En Sumar ven al PSOE más proclive a colaborar y sacar adelante la proposición, a pesar de los compromisos contraídos por el Gobierno con Marruecos. Lo atribuyen a la presión social y mediática después de haber dejado a los saharauis apátridas fuera del proceso de regularización por arraigo o asilo y también a la mejora de la relación con Argelia. En cambio, desconfían del PP, que, tras votar a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley en marzo de 2025, ahora han presentado una enmienda de supresión. Los grupos de izquierda han decidido no transaccionar ninguna de las enmiendas del PP.