“Partiendo del respeto que sin duda nos merece toda sentencia, en este caso su lectura no resulta convincente”, pues según el portavoz de JJpD “el voto particular expresa con más claridad las razones por las que son insuficientes los indicios en que la sentencia basa la presunta autoría en una filtración”.

En declaraciones a Servimedia, Rodríguez aseguró que “la actuación de Álvaro García Ortiz es consecuencia de sus obligaciones, pues el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a la fiscalía a informar a la opinión pública” en un caso como este en que “se difundía una información falsa, que dañaba a toda la institución del ministerio público”.

Considera Edmundo Rodríguez que el voto particular pone de manifiesto con mucha claridad que fue el propio Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien difundió públicamente su estado, y que “la nota de prensa no contiene datos personales que pudieran considerarse reservados”, por lo que ”no es fácil constatar la tipicidad precisa para considerar la información del fiscal general como relevante penalmente”.

“La sentencia del Tribunal Supremo merece todo el respeto, igual que los votos particulares que se han emitido y los habidos durante el proceso”, afirmó el portavoz de JJpD, que reclamó “otro tanto a cualquier otra decisión que se adopte en el ejercicio de los derechos que las partes puedan hacer valer en otros tribunales”.