Según recalca la asociación en un comunicado, la testifical de este agente en el citado juicio, "ampliamente recogida en medios de comunicación", de ser cierta, "supondría una práctica ilícita extremadamente grave", pues "no solo afectaría a derechos fundamentales de integrantes de la judicatura", sino a la "seguridad e integridad que debe presidir el trabajo judicial, al poner de manifiesto una voluntad de interferir y perjudicar la investigación de los tribunales".

La asociación entiende que, "ante la gravedad de dicho testimonio", que procede de un alto cargo policial, debe aclararse lo sucedido. El CGPJ debe asegurarse de que no hayan existido "intentos de inmiscuirse en el trabajo judicial", aclarando si el gobierno o funcionarios policiales "trataron de espiar, obstruir o entorpecer la labor judicial". La información que facilitó en el juicio el comisario Morocho "merece que el órgano constitucionalmente obligado a velar por la independencia judicial, el CGPJ, aborde una investigación que aclare lo sucedido". Y añaden al respecto que, de constatarse que "efectivamente se produjeron tales vigilancias, lo ponga inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal" para exigir las responsabilidades correspondientes.

"El Estado de Derecho debe garantizar un Poder Judicial que ejerza su función con independencia y sin injerencias externas, sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra clase", esgrimen desde JJpD. E insisten en que, si se confirmaran estos hechos, estarían ante una "gravísima actuación ilegal que merecería todo el reproche que disponga nuestro ordenamiento jurídico".

Por todo ello, concluyen que "el trabajo judicial no puede ser interferido o perjudicado por ningún poder o grupo" e instan al CGPJ a que "indague qué pudo haber sucedido y adopte, si se confirmara, las medidas precisas para exigir la responsabilidad correspondiente".