La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente exigen "los mismos derechos y beneficios sociales establecidos en la legislación para la función pública en general", sin que "deba ser ningún obstáculo la regulación propia y específica del Estatuto de Jueces y Magistrados".

Por ello, las cuatro asociaciones consideran que deberían incorporarse a su Estatuto jurídico "todas aquellas iniciativas que den respuesta a las necesidades que vivimos cotidianamente", como las relativas a enfermedad (propia o de familiares), maternidad, derecho al descanso y a la formación, incapacidad permanente o jubilación por edad.

Los representantes de los jueces pedirán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Poder Legislativo y al Ejecutivo que estudien estas necesidades y adopten medidas concretas que introduzcan mejoras significativas de las condiciones en que estos profesionales realizan sus funciones, algo que debería plasmarse en la Ley Orgánica del Poder Judicial y tener el oportuno desarrollo reglamentario.

Los jueces entienden que el denominado "Plan Concilia", en todo lo que sea compatible con las singularidades y responsabilidades de la función jurisdiccional, es un ejemplo a seguir, por lo que debería tener una aplicación inmediata, sin esperar a un desarrollo reglamentario.