Así lo pusieron de manifiesto varios líderes sociales y europarlamentarias durante su participación en el diálogo '40 años UE y Discapacidad. Un camino compartido' celebrado en la agencia de noticias Servimedia junto al Cermi para hacer balance de los beneficios que ha tenido para España en materia de discapacidad el ingreso en la Unión Europea hace cuatro décadas.

El riesgo que corre ahora la sociedad europea y las personas de los grupos más desfavorecidos por la sustitución del Fondo Social Europeo (FSE+) por “otros programas de mucho menos valor es verdaderamente grave y un motivo de preocupación”, según afirmó la secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad, Ana Peláez, quien llamó a la acción a todo el colectivo. “Urge actuar y revertir lo que actualmente plantea la Comisión Europea”, apostilló.

Cuarenta años después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, representantes de entidades sociales y dos europarlamentarias coincidieron en señalar que la Unión ha sido motor de derechos para las personas con discapacidad, aunque alertaron de un "riesgo real de retroceso si el Fondo Social Europeo (FSE) pierde su carácter social y se desvía hacia la financiación de políticas de defensa”.

La ratificación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea fue “uno de los mayores avances históricos” para los expertos que participaron en el diálogo, si bien apuntaron que quedan retos pendientes como “empleo digno, educación inclusiva, vivienda asequible y una atención especial a las mujeres y niñas con discapacidad”.

La propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 está en fase de negociación entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. La proporción de fondos destinados específicamente al FSE+ podría disminuir en favor de otras prioridades, lo cual genera preocupación en el Tercer Sector sobre la capacidad futura para afrontar las desigualdades y apoyar a grupos vulnerables.

“España ha aportado a la Unión Europea humanidad y solidaridad”, afirmó el embajador de Misión Especial para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada, quien recordó que nuestro país “introdujo la idea de los fondos de cohesión como una herramienta de justicia social” y ayudó a “construir una Europa más sensible a las desigualdades y más comprometida con los derechos humanos”.

Según Celada, que previamente fue director general de Discapacidad en los primeros gobiernos de Pedro Sánchez, el camino iniciado en 1986 “ha consolidado una Europa más social que la de hace cuarenta años”, pero advirtió de que “no se puede bajar la guardia ante las amenazas al multilateralismo y la cooperación” y llamó a “mantener viva la esencia de una Europa de derechos”.

También alertó del riesgo de desnaturalización del FSE en el nuevo marco financiero 2028-2034, que podría destinar parte de sus recursos a la política de defensa: “Nos preocupa que se vacíe de contenido el FSE y se mercantilice la Unión. La esencia de Europa son sus personas”, afirmó.

Ana Peláez añadió que “la Unión Europea no ha sabido reflejar en su legislación el estándar de derechos humanos que marca la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. A su juicio, “la Convención fue un punto de inflexión, pero su cumplimiento es todavía parcial en Europa”.

“Si hemos tenido avances para las personas con discapacidad en Europa en su plena diversidad ha sido gracias a un instrumento fundamental, esencial de justicia social, el Fondo Social Europeo", dijo Peláez, quien subrayó el papel del FSE como “pilar histórico de las políticas inclusivas comunitarias” y alertó del riesgo de que sea sustituido “por instrumentos de mucho menos valor” en el nuevo marco financiero de la Unión.

La eurodiputada de Sumar Estrella Galán subrayó que el Fondo Social Europeo representa "una de las políticas más relevantes del proyecto social europeo” y denunció que “la Comisión Europea pretende cambiar sus objetivos en materia de igualdad y cohesión para poder financiar el sector de la defensa y su política de militarización”.

700.000 EMPLEOS

La directora de Programas Europeos de Fundación ONCE, María Tussy, coincidió con los participantes en que “el Fondo Social Europeo es el instrumento clave del progreso social europeo y uno de los principales logros de estos 40 años”.

Por ejemplo, “cerca de 700.000 personas en riesgo de exclusión, entre ellas muchas con discapacidad, han conseguido un empleo gracias a los programas del Fondo Social Europeo gestionados por Fundación ONCE”, explicó Tussy, quien lleva más de dos décadas vinculada a los proyectos impulsados por el FSE.

Recordó que España fue “el único país de la Unión que decidió dedicar un programa específico del FSE a la lucha contra la discriminación”, una apuesta que calificó de “histórica”. A su juicio, aquel modelo permitió pasar “de la caridad a la inclusión real” y demostrar que “las personas con discapacidad aportan talento y valor a la sociedad”.

Tussy coincidió con el resto de los participantes. Advirtió de que la Comisión Europea ha presentado este verano una propuesta “preocupante” para el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034. “Nos ocupa y nos preocupa que se vacíe de contenido el Fondo Social Europeo, que se mercantilice la Unión y que la simplificación sea, en realidad, vaciar de personas el proyecto europeo”, afirmó.

Alertó frente al “riesgo de desnaturalización del fondo, que podría destinar parte de sus recursos a la política de defensa”. “Nos preocupa que se mercantilice la Unión. La esencia de Europa son sus personas”, afirmó.

La eurodiputada Galán también fue elocuente en la valoración del FSE como herramienta de inclusión: “Desde su creación ha servido para mejorar la vida de la gente, reduciendo desigualdades. Pero hoy está en riesgo porque hay fuerzas que pretenden destinarlo a la política de defensa. No podemos permitirlo: el dinero de la defensa no puede salir de los presupuestos sociales”.

Galán insistió en que “sin recursos, la igualdad real se queda en papel mojado”, y defendió que “toda la Europa social se pone en cuestión si se descapitaliza el FSE”. Además, en referencia a la dificultad que encuentra el mensaje sobre la discapacidad para llegar a las instituciones comunitarias, ejemplificó con que “solo el 1% de los eurodiputados son personas con discapacidad, cuando en Europa viven más de 100 millones”. Para concluir, pidió que “la inclusión no sea una palabra, sino un principio operativo en todas las instituciones”.

Por su parte, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Carlos Susías, subrayó que el FSE y los fondos de cohesión “han sido esenciales para orientar las políticas sociales y combatir las desigualdades estructurales”, pero alertó de que “el nuevo marco financiero podría provocar recortes drásticos". “Si aumentamos el gasto en defensa sin ampliar los presupuestos, los recortes llegarán al corazón social de Europa. Y cuando se enfrentan los intereses de los agricultores con los de las entidades sociales, todos sabemos quién tiene más fuerza en Bruselas”, ironizó.

Susías hizo hincapié en la evolución del modelo social europeo, reconociendo los avances pero también las frustraciones: “Sin un enfoque específico hacia los colectivos vulnerables no se logra una verdadera integración”. Recordó además que las personas con discapacidad siguen encabezando los indicadores de pobreza, y reclamó “una gobernanza social fuerte, no solo declaraciones de intenciones”.

“Si no se pide que rindan cuentas a los Estados miembros, los avances quedarán en el aire”, añadió Susías, quien reclamó “preguntar sistemáticamente qué están haciendo los Gobiernos para aplicar el Pilar Europeo de Derechos Sociales”.

Por su parte, la eurodiputada del Partido Popular Europeo Rosa Estarás centró su intervención en la igualdad de género y la situación de las personas con discapacidad y sus cuidadoras. “La estrategia de cuidados se tiene que complementar necesariamente con la estrategia europea de discapacidad” dijo, y añadió que “Europa no solo debe legislar la igualdad, sino vivirla, sentirla y garantizarla".

Los próximos años serán decisivos para “alinear plenamente la acción europea con la Convención y garantizar que el empleo, la educación inclusiva, la vivienda accesible y la igualdad de género formen parte del núcleo duro del proyecto comunitario”, concluyó en el diálogo Jesús Celada, quien mostró su preocupación por que el “retroceso en derechos y la dimensión social desaparezcan del proyecto europeo".

LA EUROPA SOCIAL

La directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, presentó el documento estratégico 'Europa reafirmando la inclusión', elaborado por la organización “para reforzar la incidencia política en Bruselas”. “Queremos que decir Europa sea decir Europa social; las conquistas no son eternas, hay que defenderlas cada día, porque existe un riesgo real de retroceso en derechos y de que la dimensión social desaparezca del proyecto europeo”.

Villarino recordó que la Unión Europea es la única organización suprarregional que ha ratificado un tratado internacional de derechos humanos –la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– y subrayó que ese compromiso “debe traducirse en políticas reales, no solo en declaraciones”.

“El Cermi nació europeísta y sigue convencido de que sin la Unión no existiría el nivel de protección que hoy tienen millones de personas con discapacidad. Pero una Europa que olvida la inclusión, deja de ser Europa. Queremos que decir Europa sea decir Europa social”, afirmó.

Los participantes reclamaron “vigilancia y compromiso” ante el nuevo ciclo político y presupuestario europeo durante el acto, celebrado cuando se cumplen también veinte años de la Convención de la ONU, que sirvió para recordar que “los logros alcanzados no pueden darse por garantizados”. “Si Europa pierde su alma social, pierde su razón de ser”, resumió Jesús Celada.

A su juicio, los próximos años serán decisivos para “alinear plenamente la acción europea con la Convención y garantizar que el empleo, la educación inclusiva, la vivienda accesible y la igualdad de género formen parte del núcleo duro del proyecto comunitario”.