Según informaron este martes nueve asociaciones profesionales en un comunicado conjunto, el nuevo sistema pretende sustituir los actuales procesos selectivos por otros "a la carta" que pondrán en peligro la preparación de los funcionarios.

Las organizaciones firmantes denunciaron que el consenso al que alude el Ministerio "no es cierto", ya que no se ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales afectados, que siempre han defendido mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección.

Criticaron especialmente que se intente aplicar este nuevo modelo a todos los cuerpos, "muchos de los cuales no tienen ningún problema de cantera de aspirantes", y que no se haya considerado a los opositores que están preparando actualmente las pruebas "con un enorme esfuerzo personal y económico".

GARANTÍAS EN ENTREDICHO

Los colectivos profesionales subrayaron que los procesos vigentes garantizan el acceso en condiciones de mérito, capacidad e igualdad, especialmente de género, principios que ahora "sorprendentemente" se presentan como novedosos en la propuesta ministerial.

Advirtieron que con el nuevo sistema "la preparación no podrá garantizarse" al mismo nivel que hasta ahora, lo que afectará directamente a la calidad del servicio público prestado a los ciudadanos.

Expresaron además su "elevada preocupación" por la imposición unilateral de este cambio bajo lo que consideran "la falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública española".

AMPLIO RESPALDO PROFESIONAL

Entre los firmantes del comunicado se encuentran las principales asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI), así como la Asociación de Fiscales (AF).

También lo suscriben los Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo, la Asociación de Secretarios e Interventores Locales, la Confederación Española de Policía y las asociaciones de Abogados del Estado e Interventores.

Los colectivos profesionales lamentaron especialmente que el Ministerio haya presentado esta propuesta "en pleno período estival", el pasado 21 de julio, sin buscar el diálogo con los sectores afectados.

FUTURO INCIERTO

Las organizaciones firmantes coincidieron en que el nuevo modelo supone una amenaza para la independencia y profesionalidad de la función pública española, piedra angular del Estado de derecho.

Señalaron que el sistema actual ha demostrado su eficacia durante décadas para seleccionar a los mejores profesionales, mientras que la reforma planteada introduce elementos de discrecionalidad que pueden afectar a la imparcialidad del proceso.

Reiteraron su compromiso con la defensa de un modelo de acceso basado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, alejado de cualquier injerencia política en la selección de los servidores públicos.