Según la organización progresista, esa sentencia es un atentado al derecho internacional, así como un paso atrás en el camino de la construcción de un orden mundial fundado en el Derecho.

La sentencia del máximo órgano jurídico norteamericano, aprobada por seis voto contra tres, trata de justificar el secuestro del ginecólogo mejicano Humberto Alvarez Machaín por agentes de la DEA (Servicio Antidroga de los EE.UU), quien presuntamente participó en el asesinato de Enrique Camarena, agente de laDEA en 1985.

Según Jueces para la Democracia, esa decisión, "fruto de la degradación del orden jurídico internacional", es impropia de un organo jurisdiccional que trata de encubrir la necesidad de la lucha contra en narcotráfico.

La resolución judicial adoptada unilateralmente por el Tribunal Supremo de EE.UU. sienta un grave precedente de que cualquier secuestro de prófugos de la justicia nortemaericana en el exterior sea legal.