La investigación trataba de esclarecer la presunta concesión irregular de subvenciones a entidades sociales supuestamente afines a la alcaldesa por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El juez Ignacio Sánchez García-Porrero entiende que los hechos denunciados no constituyen "infracción penal alguna" y por eso acuerda "el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones". Y explica que de la prueba practicada “no se desprende ninguna conducta que pueda subsumirse en ninguno de los preceptos penales apuntados", sobre todo teniendo en cuenta que cuando Colau accedió a la alcaldía “delegó parte de sus funciones”, entre ellas “la de concesón de subvenciones".

La investigación tuvo su origen en una querella interpuesta por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que denunciaba la concesión de subvenciones al Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Enginyers Sense Fronteres (ESF), o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), todas ellas vinculadas a la época de activismo social de Colau.

El pasado 12 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción dictó un escrito en el que se defendía al archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona. La acusación pública sostiene que de las diligencias practicadas no se intuye la comisión de delito alguno y que "conviene desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales" a la edil "sobre el endeble argumento" de ser la máxima responsable del Ayuntamiento de Barcelona.