Tribunales

El juez del 'caso Montoro' admite la personación de Vox, Manos limpias, Feta-CGT y otras cuatro entidades

MADRID
SERVIMEDIA

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha dictado sendos autos en los que admite la personación como acusación popular en el ‘caso Montoro’ de Vox, el sindicato Feta-CGT, Iustitia Europa, Manos limpias, Sociedad Humana, la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada y José Luis Sáenz de Tejada Vallejo.

El juez ha decidido que ninguna de estas personaciones requiere la interposición de querella ni el depósito de una fianza dado que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la personación se realice a través de una querella cuando ésta dé inicio al procedimiento, pero no es condición imprescindible en el c de las actuaciones que ya se hayan iniciado.

En el caso de la fianza, el Supremo establece que sólo es exigible cuando el querellante es la acusación popular, por lo que en este caso, al no ser preceptiva la querella no se aplicará.

El exministro de Economía del PP Cristóbal Montoro está acusado de cambiar presuntamente leyes para beneficiar a empresas gasistas. Montoro fue ministro de Hacienda en el Gobierno de José María Aznar entre abril de 2000 y abril de 2004, y luego con Mariano Rajoy entre diciembre de 2011 y junio de 2018. La investigación revela que esos favores se produjeron cuando era miembro del gabinete de Rajoy.

El juez imputa a Montoro por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados que había fundado el ministro antes de entrar en el Gobierno, según consta en el auto.

El despacho Equipo Económico sería el centro de la presunta trama. Montoro lo fundó en 2008, tres años antes de convertirse de nuevo en ministro, y fue consejero del mismo hasta abril de ese año.

Según el auto dictado por el magistrado, "el uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público". El juez describe que las empresas que buscaban una reforma legislativa se dirigían a ese bufete, que entre 2011 y 2019 habría recibido pagos de 780.000 euros.

(SERVIMEDIA)
02 Sep 2025
NBC/SGR/pai