Según el auto dictado este viernes por el titular de la plaza número 41 de instrucción de Madrid, se acuerda además la acumulación conjunta de la investigación por un hipotético delito de malversación con el resto de delitos investigados en las diligencias previas 1146/2024, que incluyen tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.

La resolución, a la que ha tenido acceso Servimedia, convoca para el 1 de abril, a las 12 de la mañana, a los investigados Begoña Gómez Fernández, Juan Carlos Barrabés Cónsul y María Cristina Álvarez Rodríguez, así como al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, a la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Entre las acusaciones populares figuran Hazteoír, Iustitia Europa, Vox, Manos Limpias y el Movimiento de Regeneración Política de España.

El instructor fundamenta su decisión en lo dispuesto por la Sección XXIII de la Audiencia Provincial de Madrid, que en su auto de 20 de enero de 2026, revocó por nulidad varias resoluciones anteriores del juzgado y ordenó retrotraer el trámite a la fase de diligencias previas. El magistrado señala que procede unificar las diligencias por todos los delitos investigados para su tramitación conjunta.

"VERDADERAMENTE TRASCENDENTAL"

El juez sostiene que existe "la verosimilitud exigida por el legislador" para atribuir a los tres investigados "la imputación de diversos delitos", en concreto el de tráfico de influencias y el de malversación de caudales públicos, que son los atribuidos a la competencia del tribunal del jurado, junto con los delitos de apropiación indebida, corrupción en los negocios y el de intrusismo profesional.

El magistrado considera "verdaderamente trascendental" el matrimonio civil de Begoña Gómez con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde el 2 de junio de 2018, para colegir "la relación personal que exige el artículo 429 del Código Penal" en cuanto a la posible influencia para la adopción de decisiones. El instructor describe un "cambio inmediato y significativo" en la trayectoria profesional de la investigada tras la llegada de su esposo a la Presidencia.

El auto detalla que el entonces rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, se desplazó al Palacio de la Moncloa para reunirse con Begoña Gómez, lo que el juez califica como un actuar "cuando menos anómalo". El ex vicerrector Juan Carlos Doadrio declaró que Goyache le dijo que "tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente", y añadió que el convenio "fue muy rápido, era como si ya estuviera preparado".

El instructor vincula la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva con la relación entre Gómez Fernández y Barrabés Cónsul, cuyo grupo empresarial resultó adjudicatario de contratos públicos de Red.es por importes de 7,7 millones y 4,4 millones de euros. La investigada firmó cartas de apoyo en favor de la UTE vinculada al grupo Barrabés en el marco de dichas licitaciones públicas.

CONTRATACIONES IRREGULARES

El auto recoge que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) "detectó irregularidades relevantes" en la tramitación de estos expedientes, entre ellas "opacidad en el procedimiento, utilización desproporcionada de criterios subjetivos de valoración, alteración de fórmulas de puntuación, incorporación de documentos sin firma o con trazabilidad deficiente y eliminación de metadatos", y concluye que tales circunstancias "beneficiaron indebidamente a la UTE adjudicataria".

El juez describe cómo la financiación de la cátedra se articuló mediante aportaciones de empresas "de primer nivel" con vínculos con la Administración General del Estado. Reale Seguros aportó 60.000 euros y la Fundación La Caixa 15.000 euros anuales. El instructor señala que esta captación de fondos "no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario" sino como una manifestación del "circuito de relaciones" tejido en torno al proyecto de la investigada.

Respecto a María Cristina Álvarez, contratada como directora de programas de la Presidencia del Gobierno en julio de 2018, el auto constata su "intervención reiterada" en favor de la actividad profesional de Gómez. El instructor detalla su presencia en actos, reuniones técnicas, gestión de convenios y correos electrónicos relativos a la cátedra, pese a percibir su retribución con cargo a fondos públicos.

El magistrado precisa que Álvarez cobró un total de 401.802,40 euros brutos a lo largo de los años en que desempeñó sus funciones como personal eventual. La Guardia Civil identificó 121 correos electrónicos únicos entre esta investigada y el ex vicerrector Doadrio, relacionados con la actividad de la cátedra, sus convenios y la relación de esposa de Sánchez con la Complutense.

APROPIACIÓN DEL SOFTWARE

El auto describe cómo el software desarrollado en el seno de la cátedra con participación de empresas como Indra, Google, Telefónica, Deloitte y Making Science fue inicialmente encauzado hacia un registro universitario a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (Otri), trámite que no llegó a culminarse. Paralelamente, Gómez registró a su nombre las marcas vinculadas al proyecto y constituyó la sociedad Transforma TSC.

El instructor señala que la investigada registró la marca TSC Transformación Social Competitiva, adquirió el dominio transformatsc.org —donde se alojó el software— y constituyó el 21 de noviembre de 2023 la sociedad Transforma TSC S.L., de la que figuraba como "administradora única y socia única". La Universidad Complutense cifró en al menos 108.765,79 euros el perjuicio patrimonial derivado del desarrollo del software más 4.744 euros en costes de personal.

El juez subraya que ni el registro de marcas ni la utilización del dominio ni la explotación del software "fueron comunicados a la Universidad Complutense, a la Otri ni a las empresas colaboradoras". El dominio dejó de estar operativo en septiembre de 2024, meses después de la incoación de las diligencias previas, circunstancia que el instructor valora como un indicio más.

COMPARECENCIA EL 1 DE ABRIL

El magistrado concluye que la esposa de Sánchez, "desde su prevalente posición de esposa del presidente del Gobierno", contactó con empresarios y responsables universitarios, los hizo acudir a las dependencias de La Moncloa, solicitó la creación de una cátedra para su dirección y obtuvo fondos de empresas que, "conocedoras de quién lo solicitaba", no dudaron en conceder esas ayudas.

El auto acuerda la comparecencia del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para el próximo 1 de abril de 2026 a las 12.00 horas, a la que deberán acudir los tres investigados asistidos de sus letrados. El juez señala que el objeto de esta resolución "no es anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento", sino verificar la verosimilitud de los hechos narrados.

Contra la resolución cabe recurso de reforma dentro de los tres días siguientes a su notificación, o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes.