El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ya había imputado estos dos delitos al empresario hace dos semanas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que le atribuye el impago de 1,35 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al año 2020.

Los ingresos millonarios en comisiones obtenidas de la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid estarían en el origen de los ingresos que no declaró Luceño. Ahora, el juez cuenta con un informe de la Inspección de Hacienda que asegura que el empresario “ha dejado de ingresar en las arcas públicas en relación con el IRPF del año 2020 la cantidad de 1.351.386,29 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento”, lo que constituye un “delito fiscal agravado”.

Según el auto, el delito de falsedad documental que se le achaca tendría que ver con los hallazgos de la Policía Científica que asegura en un informe dirigido al juez que la tarjeta identificativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) localizada en el registro de su vivienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) era falsa y que probablemente su usó para facilitar sus relaciones comerciales con empresas asiáticas.

El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que se le identificaba como “agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)” y varias tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

Además, en el auto de imputación, el juez solicitaba al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne&Nagel que informaran sobre la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno con destino a la empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. La sospecha es que de los 2,5 millones de guantes comprados sólo llegaron a Madrid la mitad.

En esta causa se investiga a Alberto Luceño y a su socio Luis Medina por una operación de suministro de material sanitario procedente de Asia por importa de 11 millones de euros, de los que seis millones se fueron en comisiones para los dos imputados.

Estos descubrimientos motivaron que el juez Carretero, a instancias de la Fiscalía, abriera una pieza separada del ‘caso mascarillas’ a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar la relación entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, que fue el proveedor del material sanitario.

Dentro de esa investigación, la Policía descubrió distinta documentación con al firma del empresario malasio, que supuestamente avalaba a Luceño como su agente exclusivo en España, pero los agentes consideran que esa documentación fue falsificada por el empresario español.

Luceño también tendrá que dar cuenta sobre varias cartas halladas en los registros firmadas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre las que también hay sospechas de veracidad, al igual que sobre otros documentos avalados por el director de gestión de un hospital y por el responsable de Protección Civil y Emergencias de la capital.