El instructor señala que, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo, por lo que entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).

Destaca al respecto que existen numerosos “indicios racionales” de criminalidad frente a ambos, formalizados ya en una resolución judicial de imputación, con relación a la eventual comisión de varios graves delitos; y que, concluida ya la instrucción, se ha interesado por las acusaciones la imposición de muy graves penas privativas de libertad para dichos investigados, ello unido al previsiblemente muy próximo enjuiciamiento.

En el auto referido a José Luis Ábalos, el juez acuerda que, por la Letrada de la Administración de Justicia, se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, del que el investigado es miembro, la presente resolución, en cuanto afecta a la situación personal del aforado, así como el auto de fecha 3 de noviembre del presente año (auto de procedimiento abreviado) para la mejor comprensión de lo acordado, de conformidad con lo que se determina en el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Las vistillas de modificación de cautelares se celebraron este jueves después de que la semana pasada las partes presentaran sus escritos de calificación. De cara al juicio, las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para ambos, mientras que la Fiscalía reclama 24 años de cárcel para el exministro y 19,5 años para el exasesor.

Según fuentes jurídicas, Ábalos esperó la decisión del juez en dependencias del Tribunal Supremo muy “abatido” y dando la imagen de ser un hombre “destrozado”. Durante la vista el exministro tomó la palabra para recordar que es diputado y que las decisiones sobre su libertad tendrán repercusiones institucionales.

Además, repitió al magistrado que no tiene ninguna intención de fugarse ya que, además, no tiene ningún sitio donde ir, ni dispone de patrimonio suficiente para sostener una huida.

También García hizo uso de su turno de palabra para asegurar al juez que no tiene intención de fugarse porque tiene una hija pequeña y una madre mayor a la que cuida. “Por mi madre, no me voy a fugar”, dijo antes de defender que “todos tenemos derecho a aprender poco a poco”.

Hasta ahora ambos estaban obligado a realizar comparecencias quincenales y tenían establecida la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Tanto Ábalos como su asesor acudieron al Tribunal Supremo con mochila en la que portaban los efectos personales necesarios para el ingreso en prisión.

La entrada en prisión de Ábalos no afectaría a su condición de diputado, ya que la puede mantener mientras no haya una sentencia condenatoria que le inhabilite. Sin embargo, sería suspendido automáticamente y perdería su sueldo, en aplicación del Reglamento del Congreso.

El ingreso en la cárcel de Ábalos y Koldo se produce una semana después de la excarcelación de Santos Cerdán, también investigado en la trama del ‘caso Koldo’ referida al cobro de comisiones por obras públicas.