Según el auto del juez en el que ordena los registros que se están realizando este martes, el expresidente del Gobierno estaría siendo investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en plena pandemia una ayuda de 53 millones de euros que se canalizó a través de la SEPI para reflotar al aerolínea golpeada por la crisi del covid. Las sospechas se centran en que ese dinero pudo usarse en una trama de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

Así, la Audiencia Nacional (AN) investiga, por un lado, si el dinero del rescate se empleó en fines distintos a los autorizados en la concesión de la ayuda, y por otro, si la aerolínea formó parte de una red de lavado de dinero con operaciones en varios países.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el dinero del rescate se pudo usar para devolver préstamos que le habían sido concedidos por sociedades relacionadas con una supuesta trama delictiva. De ese modo, Plus Ultra habría ayudado a blanquear fondos procedentes de programas públicos venezolanos de distribución de alimentos subsidiarios o de ventas de oro del Banco de Venezuela.

Ese dinero habría sido destinado a préstamos entre sociedades que circularon por Francia, Suiza y España para ocultar su origen real. Plus Ultra habría recibido préstamos de esa red que más tarde devolvió con el dinero del rescate.

La causa recayó en un primer momento en el juzgado central de instrucción número 2, liderado por Ismael Moreno. Las pesquisas se derivaron posteriormente al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, pero el tribunal decidió devolver la investigación a la Audiencia Nacional.

A lo largo de la investigación, la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a Francia y a Suiza cuya respuesta ya está en manos del juez Calama, quien ha considerado que hay elementos suficientes para imputar a Zapatero. Los pagos que se atribuyen al expresidente se prolongaron a lo largo de seis años por trabajos de consultoría.

INVESTIGADOS

Los principales investigados en esta causa son Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra, que fue detenido el 11 de diciembre de 2025 y puesto en libertad con medidas cautelares. Junto a él también fue detenido y puesto en libertad con cautelares el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli.

Otro de los actores principales de esta causa es Julito Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante y amigo de Zapatero. Fue detenido en esa misma operación de diciembre pasado. Cobró de Plus Ultra 458.000 euros distribuidos en cinco años a través de tres sociedades y pagó alrededor de 450.000 euros al expresidente por sus servicios de consultoría.

José Luis Rodríguez Zapatero explicó en el Senado que, efectivamente realizó informes "orales y escritos" de consultoría para Análisis Relevante. La práctica coincidencia de las cantidades que cobró Martinez y que después pagó al expresidente hace sospechar a la Fiscalía que se trata de una comisión encubierta por el rescate de la aerolínea.

En esta causa están también investigados los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca, empresarios que habrían aportado financiación de sociedades vinculadas a Suiza y a República Dominicana a Plus Ultra antes del rescate y que cobraron su devolución después de que la aerolínea recibiera las ayudas. Igualmente está investigado el administrador de varias de esa compañías, Khristian Alegre Walter.

Danilo Alfonso Díazgranados figura entre los imputados como nexo de conexión que permitió mover fondos venezolanes a otros países, mientras que Simón Leendert Verhoeven, figura como responsable de otra de las empresas a la que Plus Ultra debía dinero. Está investigado por la Fiscalía suiza.