El juez, que constató la existencia de esos micrófonos durante una inspección ocular hace varios meses, cree que la instalación de estos aparatos vulnerar los derechos fundamentales de los presos, por lo que considera "inadmisible" la actuación de Instituciones Penitenciarias.

El fiscal del juzgado de vigilancia vallisoletano Antonio del Hoyo, estudia ahora el auto del juez para, en los tres días siguientes a la notificación, presentar en su caso un recurso. En caso de presentar el recurso y de que el juez se ratifique en su decisión, el procedimiento continuaría en la Audiencia Provincial.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios señalaron que la Administración espera que o bien la Audiencia o bien el propio juez se desdigan. En caso contrario, podría volver a plantearse el conflicto de competencias qe ya se dio en el caso de Alcalá-Meco, en junio del año pasado, y que aún está por resolver.

El juez de vigilancia, en cualquier caso, ha dado un plazo de 30 días a los directores de ambas cárceles para que se inutilicen los aparatos de escucha.