Durante la instrucción del caso, la Fiscalía General del Estado confirmó al juez la celebración de dos reuniones de los fiscales con el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y Leire Díez en marzo y abril de 2025.

El abogado de Santos Cerdán sostiene que esas reuniones sirvieron para poner en conocimiento de la Fiscalía hechos cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal. El Ministerio Público afirma que en el momento de la reunión no sabían quién era Leire Díez.

El entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue informado con posterioridad de ambas reuniones con Teijelo y, por tanto, indican fuentes de la Fiscalía, no impartió instrucción alguna en relación a ese encuentro.

El PP, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares en este caso, había pedido también la declaración del exfiscal general del Estado, de la jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y del jefe de Seguridad de la Fiscalía General del Estado, pero su comparecencia se decidirá después de escuchar los testimonios de los fiscales citados.

La formación popular quiere saber si García Ortiz impartió “instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir respecto del tratamiento de la información recibida y de los escritos y denuncias referidos; las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes; y el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución".