Para Barrabés no se solicitó cautelar alguna y el empresario abandonó los Juzgados de Plaza de Castilla antes de que comenzara la vistilla de medidas cautelares que no le afectaba. Por su parte, la acusación ejercida por Vox también solicitó la retirada del pasaporte para Begoña Gómez y que, además, no pueda utilizar la marca del software que se encuentra bajo sospecha en la causa.

En la vista preliminar, que se prolongó por más de dos hora media, la acusación popular, que dirige Hazte Oír, y la acusación particular de la Universidad Complutense pidieron la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora y el empresario, mientras que la Fiscalía y las defensas sostuvieron que no hay indicios suficientes de delito.

El Ministerio Público interesó el sobreseimiento de la causa y señaló que pediría la absolución de los tres investigados si la Audiencia de Madrid determina que debe celebrarse juicio oral.

La esposa el presidente se enfrenta a juicio por la comisión de los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Las acusaciones populares reclaman penas que alcanzan los 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años de cárcel para Álvarez por un delito de malversación y por otro de cooperación necesaria en los delitos que se le atribuyen a Gómez. En cuanto a Barrabés, las acusaciones piden seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, pidió el sobreseimiento de la causa para su defendida y pidió la condena en costas a las acusaciones, así como la expulsión de la Universidad Complutense de Madrid como actor civil personado como acusación particular.