En un auto de Peinado al que ha tenido acceso Servimedia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid requiere a Google que aporte las comunicaciones que su directivo mencionó en su declaración sobre los intercambios con Begoña Gómez y Cristina Álvarez.

El instructor también ordena a la Complutense que proceda al volcado completo de todos los correos albergados en la cuenta oficial de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (hola@transformacionsocialcompetitiva.com) y remita su contenido íntegro al juzgado.

En su resolución, el juez Peinado considera "pertinente y relevante" acceder a estas pruebas solicitadas por las acusaciones populares para investigar los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en torno a la cátedra dirigida por la esposa del presidente del Gobierno.

DESARROLLO DEL SOFTWARE

El magistrado requiere además a todas las empresas que colaboraron en crear el software de la cátedra -Deloitte, Minsait (Indra), Telefónica, Google, Flat101 y Devoteam- que entreguen "los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales".

También ordena a la empresa Arys Internet SL que aporte la documentación sobre el registro de la plataforma digital, al considerar esta prueba "útil para el buen fin" de la investigación judicial en curso.

El juez rechaza, sin embargo, otras pruebas pedidas por las acusaciones, como requerir a la UCO de la Guardia Civil el acceso a correos privados de Begoña Gómez (bego.fundraiser@gmail.com) o citar a nuevos testigos.

BUSCAR “INDICIOS”

En su auto, el instructor argumenta que algunas diligencias solicitadas "no se justifican de forma suficiente" o resultan "superfluas" en esta fase de la investigación, mientras que otras declaraciones testificales ya prestadas se consideran "suficientes y adecuadas".

El magistrado recuerda que "el objeto de la instrucción es la averiguación de la existencia o no existencia de indicios, pero no el juicio anticipado", por lo que limita las pruebas a las que considera verdaderamente relevantes.

La resolución judicial puede ser recurrida tanto en reforma como en apelación en los próximos tres días, o presentar recurso de apelación directo en un plazo de cinco días desde su notificación.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Las acusaciones populares habían solicitado un rastreo mucho más amplio de correos, incluyendo comunicaciones con ministerios y grandes empresas como Endesa, Reale Seguros o la Fundación La Caixa entre 2020 y 2024.

También pedían citar como testigos a altos directivos de estas compañías y analizar contratos específicos como el expediente 2023/001869 abonado por la UCM a Deloitte en julio de 2023.

El juez ha optado por centrar la investigación en los correos oficiales de la cátedra y el desarrollo del software, descartando por ahora ampliar el foco a otras relaciones empresariales de Begoña Gómez.

Esta resolución supone un nuevo paso en la investigación iniciada tras admitir varias querellas por presunta corrupción en torno a la actividad de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM.

El caso comenzó con la denuncia del sindicato Manos Limpias, a la que se han sumado como acusación popular organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Política y el partido Vox.