Tribunales

El juez ve "indicios racionales de criminalidad" contra el expresidente de la Diputación de Almería

- Usaba nomenclatura odontológica para hablar del cobro de comisiones

MADRID
SERVIMEDIA

El juez Eduardo Martínez Gamero, que instruye la causa sobre el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, sostiene en un auto que existen “indicios racionales de criminalidad” en su actuación y le atribuye una participación “activa y consciente” en una presunta red de cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de mascarillas.

Según el auto del juez que recoge datos de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, García sería la cabeza de la organización criminal que utilizaba nomenclatura odontológica para hablar en clave de los pagos ilegales a los que aludía hablando de “muelas picadas”, “dentistas” y citas médicas.

De la investigación se pueden deducir “indicios” sólidos de la presunta comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación. El instructor menciona uno de esos mensajes en clave del expresidente de la Diputación de Almería fechado el 8 de abril de 2020, en el que se podía ver el emoticono de un diente tan sólo tres minutos después de firmar la adjudicación de un contrato público de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L.

Considera el juez que el lenguaje odontológico era una jerga en clave con la que los integrantes de la organización hablaban de contratos amañados, de cobro de comisiones ilegales y del reparto de ese dinero. El auto menciona que el contrato adjudicado a Azor Corporate supuso un sobrecoste de 945.327,61 euros, un 42,27% del valor total del contrato.

Según los datos de la instrucción, los investigados se servían de la sociedad instrumental Corpfam para distribuir los beneficios. García también se habría valido de su propia hermana para hacer pagos en metálico por ejemplo para sufragar parte de una hipoteca por 19.750 euros o para compra una parcela por 20.000 euros.

Por este motivo, el instructor ha ordenado el bloqueo de cuentas y bienes de los investigados, que no podrán disponer de inmuebles y vehículos. Igualmente, se autoriza el clonado de teléfonos, ordenadores y dispositivos electrónicos, e incluso el rastreo de posibles billeteras de criptomonedas para que la UCO pueda localizar el dinero.

(SERVIMEDIA)
25 Nov 2025
SGR/clc