Ese decreto-ley modifica otro publicado el pasado 16 de febrero y que suscitó una gran polémica porque desde el PSOE y WWF, entre otras entidades, entendían que el Gobierno andaluz reducía la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana para, de forma retroactiva, permitir cultivos en el entorno de ese espacio protegido.

“Con la modificación de esta norma, los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana, que a día de hoy están considerados como forestales y han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal”, según WWF.

Para WWF, esta norma causaría “una disminución del terreno forestal protegido de Doñana” y supone “una amnistía encubierta” para “determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas”.

Ello suponía, según WWF, “un ataque directo” al pacto por Doñana firmado el pasado noviembre por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

El acuerdo para el desarrollo territorial del área de Doñana incluye medidas como que los agricultores de la Corona Norte sin derechos de agua para regar podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea durante 10 años si abandonan sus cultivos y renaturalizan o reforestan sus tierras.

“SORPRENDIDA”

De hecho, Ribera dejó en el aire ese pacto tras mostrarse “sorprendida” por el decreto-ley publicado el 16 de febrero en el BOJA. La ministra comentó que resultaba “muy difícil” trabajar para reducir las presiones ambientales sobre Doñana dedicando “un volumen de recursos muy notable” y buscar el consenso con las comunidades locales, los científicos, el patronato y el Consejo de Participación de Doñana para encontrarse “de un día para el otro” con “una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal”.

De hecho, ordenó suspender una jornada con organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos, agricultores y equipos técnicos de los Gobiernos español y andaluz para debatir sobre las medidas acordadas el pasado noviembre.

Ribera y Moreno Bonilla se reunieron el pasado 22 de febrero en el Palacio de San Telmo (Sevilla), donde zanjaron el desencuentro tras el compromiso del ‘barón’ andaluz de corregir el decreto-ley.

Esa rectificación es oficial desde este lunes con la publicación de otro decreto-ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que entra en vigor con efectos retroactivos desde el pasado 17 de febrero, cuando lo hizo el anterior decreto-ley.

Esta norma, recogida por Servimedia, cambia la Ley Forestal de Andalucía con cuatro excepciones que impiden cultivar en terrenos forestales próximos a Doñana: superficies retornadas a usos agrícolas antes de la entrada en vigor del texto, que estén en montes públicos, que se ubiquen en montes catalogados de utilidad pública y que se hallen en montes situados en cualquier clase de dominio público.