La nueva norma dota a la comunidad autónoma de una regulación detallada en materias como la modificación de términos municipales o los cambios de capitalidad y denominación, que hasta ahora se realizaban siguiendo las pautas generales establecidas en la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

El decreto también aborda directamente aspectos hasta ahora regulados a través de la normativa estatal, como la demarcación, el deslinde y el amojonamiento de los municipios.

La comunidad autónoma se dota así de un procedimiento propio sobre los cauces administrativos que deben seguir las diferentes figuras de demarcación. Ello redundará en una mayor seguridad jurídica para los 770 ayuntamientos, 85 mancomunidades y 16 entidades locales autónomas que actualmente existen en Andalucía.

En cuanto a la creación de municipios, la norma aprobada recoge dos variantes: fusión de dos o más limítrofes y segregación de parte del territorio de uno o varios. Por su parte, la supresión de términos municipales puede darse de manera automática (fusión) o bien por incorporación a otra localidad o por extinción o desaparición.

Como última figura se regula la alteración de términos municipales, que se producirá por la segregación de parte de un territorio para agregarlo a otro limítrofe.

En relación con el Registro Andaluz de Entidades Locales, creado en 2003 por la Ley de Símbolos, Tratamiento y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, el decreto fija su régimen de organización y funcionamiento como instrumento encargado de dar constancia pública y oficial de las entidades radicadas en la comunidad autónoma, así como de recoger los datos más relevantes de su conformación física y jurídica.