El magistrado dictó un auto en el que decidió el sobreseimiento de la causa, por entender que, aunque los hechos ocurridos el 6 de julio de 1991 constituyen un delito, los vídeos resentados como prueba no reflejaban "con la claridad necesaria" que los inculpados "realizaran conductas incardinables en algún precepto penal".

Alfredo Jaime criticó la resolución judicial y, tras anunciar la presentación de un recurso, aseguró que algunos jueces "tienen miedo" a la hora de dictar sentencias.

Según los jueces, el alcalde de Pamplona confunde su desacuerdo con una resolución judicial "con la falta de respeto al juez que adoptó esta resolución, máxime cuando éste dictó la misma, iguiendo única y exclusivamente la normativa legal vigente y los criterios inspiradores del procedimiento penal".

En su nota, la Junta de Jueces afirma "sentir honda indignación" por las palabras del alcalde cuando dice que "el miedo impidió al juez seguir la causa" y muestra su preocupación por la imagen que se transmite a la opinión pública cuando Alfredo Jaime destaca la falta de interés de los jueces en la persecución de los delitos y les llega incluso a responsabilizar de los mismos.

"Result sorprendente -señalan- que Jaime vierta tales acusaciones sin tan siquiera haber leído la resolución judicial y desconociendo sus fundamentos" y añaden que el alcalde "compromete y perturba claramente la independencia y sosiego que debe presidir su actuación".

Finalmente, concluyen que "el derecho de la libertad de expresión y crítica no puede ni debe confundirse con la descalificación personal, los insultos ni las acusaciones sin fundamento".