La reforma imputada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó al Congreso a principios de mayo tras su aprobación como proyecto de ley en el Consejo de Ministros del 6 de mayo. Actualmente, se encuentra en tramitación en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a quien se ha otorgado competencia legislativa plena para acelerar los pasos con un proceso, además, de urgencia.

La Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, ha ido retrasando, semana tras semana, el calendario ante la escasa probabilidad de lograr un acuerdo para su aprobación. Desde el 26 de mayo se encuentra en trámite de enmiendas, cuyo plazo se ha ampliado ya tres veces ante la dificultad para que salga adelante en este momento.

Junts mantiene su negativa a aprobar la reducción por el duro ataque frontal que supondría para las empresas catalanas, especialmente sus pyme y autónomos. La portavoz del partido en Madrid, Míriam Nogueras, ha sido clara en sus intervenciones públicas y ha alertado de que la norma implicaría costes inasumibles para el tejido de pequeñas empresas, mayoritario en Cataluña, y con consecuencias para sus trabajadores.

Desde Junts critican que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no haya movido ficha y haya puesto una “alfombra roja” a una medida que lastra el modelo productivo catalán y se suma a otras políticas que está acabando con la clase media y sus trabajadores.

Por su parte, las patronales catalanas, como Foment, Pimec o Femcat, también han sido de las más activas en explicar estas amenazas a los grupos parlamentarios y movilizarse porque entienden que se trata de una propuesta insostenible y aprobada al margen del diálogo social.

De momento, la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue volcada en defender en actos e intervenciones su medida estrella, aunque ya ha empezado a deslizar, tomado el pulso de las negociaciones, que los avances sociales pueden tardar y, por ello, estaría pensando ejecutar un 'plan b' para su puesta en marcha mediante un real decreto centrado en el registro horario y endureciendo su control.

Sumar ha previsto organizar el próximo fin de semana una serie de acciones en varias ciudades para “activar la movilización social”, maximizar públicamente sus mensajes y recabar apoyos a una medida que solo contó con el aval de los grandes sindicatos, que también han entrado al juego elevando el tono contra algunos de los partidos directamente implicados en las conversaciones.

Fuentes de esta formación política manifestaron a Servimedia que siguen confiando en que Junts aceptará antes o después la propuesta de Yolanda Díaz y confían en convencer al partido independentista para que respalde la reducción de la jornada laboral y pueda comenzar a aplicarse.

Desde filas socialistas tampoco han querido forzar la máquina ante una iniciativa que ha liderado y capitalizado la ministra de Trabajo y que, en su día, ya despertó internamente dudas por su impacto, falta de equilibrio y progresividad.

Fuentes empresariales insistieron este sábado a Servimedia en que la reducción tiene "graves efectos", por lo que confían en que Junts mantenga su posición y esperan que a corto plazo pueda retomarse el diálogo social para abordar medidas "desde el consenso". En este sentido, lamentaron que los socialistas hayan cedido "todo el protagonismo" a la vicepresidenta Yolanda Díaz en una medida de este calado.