Según Avite, la asociación de afectados por la talidomida en España, tan solo quedan ya unas 500 personas que puedan acceder a las ayudas, después de décadas de lucha por su derecho a ser compensadas por los daños y malformaciones que sufrieron, mayoritariamente, entre 50 y 60 años atrás.

En el escrito presentado hoy, Junts recuerda que mañana finaliza el plazo legal para solicitar las ayudas establecidas por el Real decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en el Estado durante el período 1950-1985.

Según expone este partido, está previsto que antes de finales de año el Ejecutivo en funciones realice el pago de estas indemnizaciones, que llegan “décadas después de que las víctimas sufrieran malformaciones por la ingesta de fármacos con talidomida por parte de la madre durante el embarazo”.

Así, Junts, a través de la diputada Pilar Calvo, presentó diversas preguntas al Gobierno en funciones apoyando las reclamaciones de los afectados, ya que “no se ha previsto ninguna exención fiscal de las ayudas y, en consecuencia, buena parte de estas volverá en forma de impuestos al Estado”.

En concreto, Junts quiere saber si tiene prevista el Ejecutivo en funciones alguna iniciativa para establecer la exención fiscal de las ayudas a los afectados de la talidomida a que se refiere el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, teniendo en cuenta que el pago de dichas ayudas es inminente y que los afectados van a tener que tributar por ellas en el próximo pago del IRPF.

En entre otras, también pregunta si ha recabado el Gobierno de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España, la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado.