De Urbano, que es magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, planteó la citada cuestión de inconstitucionalidad el pasado mes de febrero antes de decidir si debía sancionar a Raimundo H.R., un vecino de Las Palmas que se negó a participar en un jurado popular.

El magistrado explicó que en un juicio con jurado que él dirigió se gastaron dos millones de peetas, a los que habría sido necesario sumar otros cuatro si se hubiese incomunidado a sus integrantes desde el principio.

En su cuestión de inconstitucionalidad, el magistrado argumenta que la ley orgánica que crea la figura del jurado establece que pertenecer a ellos es un derecho y una obligación, pero en la Constitución se considera sólo como lo primero.

El magistrado se muestra partidario de una reforma de la Ley del Jurado, pero con la condición de que "no se parchee" como reacción al 'caso tegi', ya que "un legislador no debe responder de esta manera a un hecho puntual, sino de forma global y con serenidad".