Se trata de la primera vez que un órgano judicial en Cantabria acuerda la redacción de una sentencia en este formato y lo hace en virtud de la ley que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La Sala ordena que se recabe la intervención de las entidades que con dicha finalidad han suscrito protocolos de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La sentencia de la Sala ha sido notificada al representante legal de la demandante y ahora será redactada a lectura fácil para que la trabajadora pueda comprender su contenido. Señala el tribunal que consta acreditado que la demandante sufre una discapacidad intelectual y que su capacidad comprensora ha empeorado. Además, indica que padece dolencias que se han agravado y que justifican la incapacidad permanente.

“Es evidente que el cuadro de la actora ha sufrido una agravación relevante, no solo mediante la adición de las dolencias que acabamos de describir, sino que, incluso, la dolencia que ya existía al tiempo de la afiliación, a su vez, se ha visto agravada”, sentencia.

Por eso, el tribunal considera que “la conjunta valoración de las lesiones y secuelas objetivadas determinan el reconocimiento del grado absoluto de incapacidad”, por lo que la Sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Santander, que acordó una pensión vitalicia para la mujer del cien por ciento de la base reguladora.