Así lo reclamó en un comunicado en el que abogó por intervenir en toda la cadena alimentaria, proteger a los hogares más vulnerables, regular los mercados y fortalecer sistemas alimentarios más resilientes y menos dependientes de combustibles fósiles.

En el contexto actual, entre las “medidas urgentes” para “hacer frente a la inflación alimentaria y asegurar el derecho a la alimentación”, pidió una regulación de precios y control de la cadena alimentaria y la limitación del precio de los alimentos básicos.

Junto a ello, llamó a transformar el actual Observatorio de precios en un órgano de control y vigilancia en tiempo real que detecte y sancione las prácticas especulativas y los “abusos” en los precios de alimentos básicos a lo largo de toda la cadena alimentaria, así como garantizar la transparencia de la información y demandó una norma que limite y prohíba la práctica de la reduflación.

En el ámbito de la protección social, subrayó la necesidad del establecimiento de un bono social para familias con menos recursos, asegurando el acceso a alimentos básicos y la gratuidad de los comedores escolares.

En cuanto a inversión en infraestructura y distribución, exigió la creación e implementación de un plan de infraestructuras públicas alimentarias que sirva para desplegar una red pública que actúe como “contrapeso” a los “abusos” comerciales de las cadenas alimentarias privadas y asegurar así una alimentación saludable para la población.

OTRAS ACCIONES

A estas peticiones se unen actuaciones como la recuperación e intervención de mercados municipales, la creación de supermercados públicos, la creación y ampliación de almacenes y centros de estocaje, mataderos municipales, obradores cooperativos y otros centros de transformación.

Junto a ello, reclama un Plan nacional de seguridad alimentaria que asegure el suministro local de alimentos básicos en situaciones de alteración y volatilidad de las redes de suministro global, que incluya el establecimiento de reservas estratégicas de stock de alimentos básicos en el país.

Contra la especulación alimentaria en los mercados bursátiles, quiere limitar de manera “estricta” las posiciones especulativas sobre los alimentos de manera que, “de facto, se eliminen las situaciones especulativas desmesuradas y de graves efectos negativos para la sociedad”.

Asimismo, aspira a eliminar herramientas financieras diseñadas “específicamente” para “especular masivamente” con los alimentos y a excluir a los agentes comerciales con finalidad “exclusivamente especulativa” de los mercados financieros de alimentos.

Por último, en relación al sector agrario, pretende establecer ayudas para la reducción de la dependencia de fertilizantes y pesticidas, así como para los sistemas alimentarios locales que sirvan para reforzar la resiliencia alimentaria del país.