Así lo relata una información del diario ‘Clarín’, recogida por Servimedia, en la que se pone de relieve que, a tres meses desde el inicio de la causa penal, la justicia avanza con la instancia de las investigaciones para que los acusados puedan explicar ante el juzgado y el fiscal los hechos atribuidos en el marco de un posible circuito de sobornos alrededor de la compra de medicamentos por parte de la Andis. Además del extitular de este organismo, se investiga a otras 14 personas.

Cabe señalar que la ‘indagatoria’ es, en Argentina, una etapa crucial en un proceso judicial, puesto que se informa al acusado de los posibles hechos delictivos objeto de investigación y se toma declaración para que también se pueda ejercer el derecho a la defensa.

En el caso de la Andis, Se investiga un presunto esquema de direccionamientos de contrataciones públicas y defraudación al erario nacional en este organismo sobre políticas de discapacidad.

El fiscal Franco Picardi determinó que la Andis se 'constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático Siipfis como herramienta de “aparente transparencia'.”

En concreto, se sospecha que se realizaron acciones de movilización de fondos tendientes a su blanqueo a través de terceras firmas no vinculadas al sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad fueron presuntamente ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia.

Así las cosas, han sido citadas a declarar a declarar a 15 personas, incluyendo a otros exfuncionarios y personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo. La citación incluye a otros exfuncionarios y personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos.