La sentencia se debe a una petición de decisión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés al TJUE porque Coyote System -compañía de asistencia a la conducción que avisa de radares- impugnó la prohibición en Francia de señalar determinados controles en carretera.

Coyote System entendía que ello vulnera el principio del ‘país de origen’, consagrado en la Directiva sobre el comercio electrónico y destinado a garantizar la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información en el seno de la UE.

En Francia, a los proveedores de servicios de asistencia a la conducción mediante geolocalización se les puede prohibir difundir la información transmitida por sus usuarios sobre determinados controles en carretera llevados a cabo en el territorio francés.

El Consejo de Estado de Francia pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si esa medida forma parte del ‘ámbito coordinado’ de la Directiva y, en caso afirmativo, si esta norma se opone a su aplicación a los prestatarios de servicios establecidos en otros Estados miembro de la UE.

El Tribunal de Justicia de la UE precisa en qué condiciones los países comunitarios pueden prohibir la difusión de información relativa a determinados controles de carretera en sus territorios.

SEGURIDAD PÚBLICA

Este órgano judicial apunta que esa medida controvertida pertenece al ‘ámbito coordinado’, que no se limita a los requisitos regulados por las disposiciones de armonización de la Directiva, sino que abarca, en principio, cualquier requisito relativo al acceso a un servicio de la sociedad de la información o al ejercicio de ese servicio.

Apunta que la medida analizada persigue la consecución de objetivos reconocidos por la Directiva, entre ellos la seguridad pública, a la que se vincula la prohibición de difundir información relativa a determinados controles en carretera. Además, esa medida parece dirigirse a determinados servicios de la sociedad de la información que tiene una incidencia negativa sobre la consecución de ese objetivo.

La Justicia europea avala que los países de la UE prohíban a aplicaciones de ayuda a la conducción mediante geolocalización -como Coyote, Waze o Google Maps- que difundan información relativa a determinados controles de carretera.

De hecho, reitera que se puede prohibir esas aplicaciones tecnológicas que no difundan controles de alcohol o drogas en carretera por razones de orden, seguridad o protección pública.