A través de un comunicado, Justicia se refería a la noticia difundida hoy por Servimedia, según la cual se está trabajando ya en un convenio que sería aplicable a casos como el de los menores que profanaron la tumba de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995.

Estos dos menores fueron condenados el pasado mes de juliopor un delito de menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional fijó una pena para para estos jóvenes de siete semanas limpiando pintadas de la "kale borroka".

Sin embargo, esta sentencia no se ha aplicado desde entonces, debido a que el Gobierno vasco esgrime que para hacerlo necesita firmar un convenio específico con el Ministerio de Justicia.

"PRIMEROS CONTACTOS"

A este respecto, esta agencia informó esta tarde de que un portavoz de Justicia se refirió a que estos contactos ya habían comenzado. En la noticia se explicaba, asimismo, que el futuro convenio tratará de solventar la situación de los menores que no son condenados a pena de reclusión, como es el caso de los que profanaron la tumba de Ordóñez.

En este sentido, Justicia negó esta tarde, a través de un comunicado, que esté "negociando" un convenio "para la reinserción social de los menores".

No obstante, el Ministerio reconoce que "desde hace varios meses este departamento ministerial trabaja en la elaboración de un documento para la futura redacción de un acuerdo entre el Ministerio y la Consejería Vasca de Justicia, con la que se han establecido hace tiempo los primeros contactos al respecto".

El Ministerio añade que "el objetivo es que los menores autores de delitos de todo tipo", no sólo los condenados por terrorismo, "puedan cumplir las penas impuestas por tribunales de justicia mediante la realización de trabajos sociales en su Comunidad".

Por último, el comunicado apunta que en la actualidad "solamente existe un convenio de este tipo entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Madrid. No obstante, Justicia pretende que, mediante estos convenios, sea posible el cumplimiento de las penas de los menores en todas las CCAA (comunidades autónomas), como ya ocurre en Madrid".