El juez instructor del ‘caso Voloh’, Joaquín Aguirre, considera que Puigdemont y personas de su entorno más cercano mantuvieron “estrechas relaciones personales” con elementos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, que se habrían revelado dispuestos a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña.

En un auto dictado por el juez al que tuvo acceso Servimedia, indica que estos contactos habrían tenido por objetivo el desarrollo de una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea”.

Según el escrito, Puigdemont y Víctor Terradellas, que era entonces responsable de relaciones internacionales de CDC, mantuvieron una conversación en la que éste último le propone al exprsidente una entrevista con un “emisario de P”, sigla con la que el instructor sospecha que se identificaba al presidente Putin.

El auto recoge también el reconocimiento de la exvicepresidenta de la Generalitat Elsa Artadi, quien asistió dos reuniones con dos personas que hablaban ruso y de las dijo no saber quienes eran. Los encuentros versaron sobre criptomonedas. A una de esas reuniones asistió el propio Puigdemont, que pidió a Artadi que continuará con los contactos.

Igualmente, el juez recoge el contenido de una carta anónima remitida al juzgado en la que se denunciaba que Puigdemont había recibido a un “enviado del presidente de Rusia” tan sólo horas antes de que Parlament votara la resolución de independencia de Cataluña, el 27 de octubre de 2017.

El juez considera que es necesario confirmar la veracidad de estos hechos y para ello indica que es necesario investigar más a fondo las comunicaciones de Tarradellas y otros investigados y estima que no hay “indicios sólidos” en contra del empresario Alexander Dmitrenko o de Josep Lluís Alay, empresario amigo de Puigdemont, sobre una posible compra de gas ruso.

En todo caso, considera que hubo “contactos con altas instancias del Kremlin” antes y después de la declaración de independencia y concluye que “si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay, por encima de ellos, que permitía tales contactos entre dirigentes de CDC, ahora Junts, y el Kremlin.