Así lo han confirmado fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños, que confían en que finalmente el Congreso de los Diputados apruebe esta norma pese al rechazo de varias formaciones, entre ellas Junts.

En plena transformación de la Justicia, con la implementación al 100% de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, el ministerio trabaja en un plan para adaptarse a la Loecrim en el caso de que salga adelante. “Lo tenemos previsto”, subrayan haciendo hincapié en que “no depende solo” del Ministerio.

Mientras defienden que esta Ley es “magnífica” y que es un proyecto que ya plantearon otros gobiernos de distinto signo, hacen hincapié en que la Ley de Eficiencia les servirá de ayuda para que los cambios que implica que los fiscales se encarguen de la instrucción no causen demasiados problemas. Un proceso que, como novedad, estará controlado por una nueva figura: el juez de garantías. Tras esto, un segundo juez tendrá que decidir si se abre o no juicio oral y un tercero juzgará los hechos.

“Está todo planificado”, insisten estas fuentes, que recuerdan que el “cambio estructural” que han de llevar a cabo, relacionado con el personal, ya está previsto en la disposición adicional primera de la Loecrim, que señala que se prestará “especial atención a la necesaria ampliación y refuerzo de la plantilla del Ministerio Fiscal y de las oficinas fiscales”.

Además, indica que “se establecerá, antes de la entrada en vigor de esta ley, la redistribución de medios a la que pudiera haber lugar entre servicios de los tribunales de instancia y las oficinas fiscales, incluida la adaptación de los espacios físicos e infraestructuras, especialmente las relativas a los servicios de guardia”. Y que “se tendrá en cuenta la reorganización del Ministerio Fiscal para asumir las funciones del nuevo proceso penal, con objeto de dotarle del número suficiente de integrantes que permita afrontar esa nueva estructura”.

Y es que, tal y como explican desde el Ministerio de Bolaños, “ahora, cuando una persona va detenida a declarar ante el juez, los calabozos están próximos al juez de instrucción y cuando esto cambie van a declarar delante del fiscal”.

Aunque añaden que “tampoco hace falta aumentar el personal” de forma obligatoria porque “los funcionarios que ahora están en los juzgados de instrucción o en las secciones de instrucción de los tribunales de instancia pasarán a estar en las oficinas fiscales”, lo que implicará un traslado que “habrá que organizar”.

Pero insisten en que todo esto lo están trabajando y cuentan con “documentos internos” para que, si se aprueba la norma, continuar organizándolo y poder “realizar un cambio muy importante en las mejores condiciones”.

Eso sí, el modelo desarrollado con la Ley de Eficiencia, les permite “estar mucho mejor preparados" para cuando llegue ese momento que al "no tener tribunales de instancia”. “Claro que tendremos que hacer adaptaciones, pero sin duda estaremos en la pista despegando con muchísimas más facilidades a partir de los tribunales de instancia”, dejan claro. E insisten en esta línea al reiterar que habrá que hacer cambios, pero serán “mucho menores”.

OTRAS NOVEDADES

Además de dejar en manos de los fiscales la instrucción penal, la Loecrim incluye otras novedades, como la regulación de la acusación popular, dejando fuera de ella a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. Además, marca los delitos en los que se puede ejercer esta acusación, entre ellos, los de corrupción, los delitos contra los derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal de partidos.

Junto a esto, incluye también una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que busca principalmente fortalecer su autonomía. Para ello, y entre otras medidas, el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y no estará sujeto al Gobierno de turno, como ocurre ahora.