Según el escrito de defensa presentado este viernes y al que ha tenido acceso Servimedia, la representación procesal de Koldo García Izaguirre formula un total de diez motivos de nulidad de las actuaciones, alegando vulneración de múltiples derechos fundamentales en el procedimiento judicial.

El documento, de 132 páginas, incluye una petición de 75 testificales, entre las que destaca la de Illa, en su condición de exministro de Sanidad durante la pandemia del coronavirus y "responsable de la gestión de la crisis sanitaria". También incorpora a los jefes de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero y de la extitular de Industria Reyes Maroto, así como del hijo de José Luis Ábalos.

La defensa considera "procesalmente imperativo" que Illa declare sobre el proceso de toma de decisiones durante la compra de material sanitario, argumentando que "si el ministro de Sanidad no recibió presiones ni detectó irregularidades, la tesis de las acusaciones sobre la corrupción del proceso se desmorona por completo".

MINISTROS Y ALTOS CARGOS

Entre los testigos solicitados figuran el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los contratos de su departamento utilizados "como ejemplos de la capacidad de presión" del acusado, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la contratación de mascarillas en Baleares cuando era presidenta autonómica.

El escrito sostiene que la declaración de estos altos cargos es "la única vía para acreditar que la Comunidad Autónoma decidió de forma autónoma y discrecional contratar con la mercantil investigada basándose en informes técnicos, y no por una supuesta red de favores orquestada por D. Koldo García".

La representación procesal alega que "no se puede juzgar una supuesta trama de influencias sobre el Gobierno de España prohibiendo a la defensa que interrogue a los propios miembros de dicho Gobierno sobre la realidad de tales hechos".

También se solicita la testifical del ex-CEO de Globalia Javier Hidalgo "para confirmar la ausencia de pagos, dádivas o promesas vinculadas" a la supuesta mediación en favor de Air Europa, así como la de Pedro Saura, ex secretario de Estado de Transportes.

INFORME SOBRE METÁLICO DEL PSOE

La defensa ha aportado como prueba documental un "informe sobre la adecuación y las contingencias del sistema de gestión de pagos en metálico en el PSOE (2017-2024)" elaborado por dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid para justificar el origen de los fondos en efectivo manejados por García Izaguirre.

El documento argumenta que "el manejo de efectivo por parte de mi representado respondía a un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del PSOE, ajeno a los contratos de las mascarillas", describiendo este sistema como "un uso común y documentado internamente en la formación política".

Para sustentar esta tesis, solicita la declaración de Mariano Moreno Pavón y Celia Rodríguez Alonso, exgerente y secretaria del PSOE, respectivamente, así como del periodista Jorge Calabrés, que, según el escrito, ha investigado la existencia de "hojas de gastos, anticipos de dietas, recibos" del partido.

La defensa cita específicamente documentos publicados por 'El Español' sobre "pagos sin declarar y anticipos sin motivar" que probarían "que el PSOE manejaba una caja B" para gastos comunes del partido, incluidos servicios de conductor y escolta.

DOBLE INVESTIGACIÓN

Entre los motivos de nulidad alegados, destaca la vulneración del principio 'non bis in idem', argumentando que a García Izaguirre "se le está investigando por los mismos hechos, a la vez, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo", lo que considera "la base para solicitar la nulidad".

El escrito detalla una "coincidencia sustancial en los hechos y delitos imputados" entre ambos procedimientos, particularmente en relación con "la adjudicación de contratos a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas" y el "incremento patrimonial" del acusado.

La defensa sostiene que "ambos procedimientos penales abiertos, tramitándose simultáneamente sobre el mismo sujeto y el mismo núcleo fáctico delictivo, vulneran el principio 'non bis in idem' en su vertiente formal", exigiendo la acumulación de causas o la inhibición del órgano que no tenga competencia preferente.

También alega falta del "preceptivo suplicatorio" para investigar hechos no incluidos en la autorización del Congreso, como "la financiación pública de Air Europa" o "las gestiones realizadas en favor de Villafuel para obtener la licencia de operador de hidrocarburos".

ALDAMA: "ORNITORRINCO PROCESAL"

El documento critica duramente el uso de "conformidades materiales y arrepentidos", en referencia a Víctor de Aldama, ya que "toda la investigación se basa en la declaración de un pentito y en una hoja de anotaciones por él elaborada", en referencia a Víctor de Aldama, calificado como "ornitorrinco procesal".

La defensa considera que esta práctica "resulta totalmente contraria al derecho al debido proceso" y vulnera "el principio constitucional de seguridad jurídica", pidiendo que Aldama declare "con carácter previo al del resto de los acusados" y con "obligación de contestar al resto de las defensas".

El escrito solicita además un informe patrimonial sobre Aldama elaborado por la UDEF, alegando "evidente asimetría procesal" al ser "el único de los principales acusados sin informe patrimonial", y cuestiona su "capacidad económica real" para sustentar las supuestas entregas de dinero.

También pide acceso a los dispositivos intervenidos para realizar "pericial propia con examen forense" y conocer los términos del "acuerdo de conformidad entre la fiscalía y el acusado Víctor de Aldama" para "valorar la credibilidad y el móvil espurio del coacusado".

COMPETENCIA DEL JURADO

Entre las cuestiones procesales, la defensa alega "inadecuación del procedimiento" y solicita que el proceso se tramite ante un Tribunal de Jurado, argumentando que "los delitos imputados (cohecho, tráfico de influencias y malversación) son competencia exclusiva de un jurado popular" según la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado.

El escrito mantiene que "la competencia del Jurado se extenderá a los delitos conexos" y que el aforamiento de Ábalos "no impide el juicio por jurado", citando el precedente del "asunto Camps" donde un aforado fue juzgado mediante procedimiento de jurado popular.

En sus conclusiones provisionales, la defensa "niega de forma rotunda y en profundidad el relato de hechos" de las acusaciones, calificándolo como "una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio".