Vela realizó estas afirmaciones en un encuentro sobre 'La Ley de Dependencia en las comunidades autónomas' organizado por 'Discamedia.es', el periódico de Servimedia especializado en discapacidad.

En este acto también participaron la vicesecretaria general de Políticas Sociales del PP y diputada en el Congreso, Carmen Navarro; el ex director general de Políticas de la Discapacidad del Gobierno y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada; la directora de servicios sociales del Gobierno Vasco, Marian Olabarrieta, y el consejero de derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano.

Según Celada, los colectivos en riesgo de exclusión “son los grandes olvidados” del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Por eso, reclamó un mayor esfuerzo para resolver sus necesidades.

Entre otros, Vela se refirió al 17,5% de personas mayores en riesgo de pobreza; a “las personas con VIH, que antes morían jóvenes pero que ya superan los 70 años”; a los pacientes con patología dual, y a los “consumidores de drogas”.

La Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia “supuso un reconocimiento de derechos muy importante”, pero no previó “ningún tipo de discriminación positiva” para ellos, rememoró Vela.

Agregó que “está demostrado que, cuanto más pobre eres, más difícil resulta acceder a los servicios de salud, sociales o de de dependencia”. Eso es lo que, a su juicio, está ocurriendo ahora mismo, con el agravante de que las plazas destinadas a estos colectivos “se están reconvirtiendo en plazas generales”.

Por ello, demandó “más recursos para quienes trabajamos en la atención de estos colectivos, que de otra manera no podrían acceder a los servicios de la dependencia".

LECCIONES POSTCOVID

En su opinión, “la pandemia de la covid-19 nos ha enseñado la importancia de la coordinación entre lo social y lo sanitario”, aunque, “a veces, parece que no hemos aprendido nada”.

Lamentó que en algunos territorios, sigue sin estar garantizado "el pleno acceso de las personas que viven en residencia a la Atención Primaria”.

"Esto nos obliga (a las residencias) a actuar como centros médicos 'low cost'”, comentó, subrayando que “nosotros siempre hemos sido servicios sociales, por mucha normativa que (durante la pandemia) se empeñase en considerarnos sanitarios”.

Celada, Olabarrieta y Campuzano también destacaron la importancia de la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios como principal lección tras la pandemia.

Según Celada, las 11 dimisiones en las consejerías de Sanidad y de Política Social que se produjeron durante dicho período en la Comunidad de Madrid “demuestran los problemas que hubo en este ámbito”.

También criticó las recientes denuncias por mala alimentación a las personas mayores en la residencia Los Robles de Alcalá de Henares (Madrid) y subrayó que las comunidades autónomas “tienen una labor de vigilancia y control que han de cumplir”.

“He conocido casos de residencias públicas y privadas que funcionan muy bien y también casos de públicas y privadas donde la atención no es la adecuada y los trabajadores tienen muy malas condiciones, apuntó.

A su juicio, “depende de la vigilancia que ejerza cada autonomía” que es la que debe velar por las personas dependientes.

Olabarrieta precisó a su vez que los aprendizajes de la pandemia llevaron al Gobierno vasco a revisar su normativa sociosanitaria y a redactar un nuevo decreto con varias modificaciones, que “aprobaremos próximamente”.

También Campuzano reconoció que “la pandemia ha expresado algunas debilidades” y que la gestión de las residencias debía mejorarse.

FINANCIAR EL MODELO

Vela mostró su “preocupación” porque “muchos centros (residenciales ) del Tercer Sector están cerrando tras la covid” y advirtió de “la trampa” que supone “desmontar un modelo (ya en vigor y sin duda mejorable) cuando no hay dinero para el nuevo”, por mucho que el segundo sea mejor.

A su juicio, “estamos ahogando el modelo residencial tradicional” sin fondos para implantar otro nuevo y esto puede conducir “a un colapso del sistema”. Por ello, reclamó elevar la financiación del SAAD, que en la actualidad no llega al 0,9% del PIB. En su opinión, la inversión en dependencia debería superar el 2%.

Carmen Navarro apostó por “buscar nuevas fórmulas de financiación”, ya que la Ley de la Dependencia nació con una previsión de usuarios que “se ha superado ampliamente” y que irá a más, dada “la evolución demográfica”.

Según Olabarrieta, las proyecciones del Instituto de Estadística señalan que para 2036, la población mayor de 65 años en Euskadi rondará el 30% del total y que los mayores de 85 años serán ya el 5,6% "Para 2060, los mayores de 80 años representarán el 15%", declaró.

“Nuestra población envejece cada vez más y en mejores condiciones de salud. Sin embargo, la edad avanzada, en especial a partir de los 85 años, provoca un aumento de las situaciones de dependencia y de la demanda de servicios para atenderla”, concluyó.