En el banquillo de los acusados se sentarán el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, así como el capitán Angel Vaquero. También serán juzgados el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el abogado Jorge Argote.

os acusados tendrán que enfrentarse a un juicio que se calcula que durará dos meses, y en el que deberán defenderse de las acusaciones de pertenencia a banda armada, detención ilegal, asesinato y lesiones, excepto Argote y Vera, que están acusados de encubrimiento.

El inicio de la vista está rodeado de una gran expectación, dados los acusados que serán juzgados, así como los testigos que prestarán declaración, entre los que se encuentran el ex ministro del Interior José Luis Corcuera y el de Defensa Jlián García Vargas, así como Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior.

También declararán el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano, el ex coronel y ex jefe de la Agrupación Operativa del mismo organismo Juan Alberto Perote, y el ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal.

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos solicita un total de 92 años de prisión para Rodríguez Galindo, a quien acusa de un delito e pertenencia a banda armada, dos de detención ilegal, otros dos de asesinato y otros dos de lesiones graves, de los que también considera culpable a Elogirriaga, Dorado Villalobos, Bayo Leal, y Vaquero.

El fiscal solicita para Elgorriaga otros 92 años de prisión, mientras que para Dorado, Bayo y Vaquero pide un total de 90 años de cárcel para cada uno de ellos. Asimismo, acusa de un delito de encubrimiento a los otros dos procesados en el "caso Lasa-Zabala", Argote y Vera, para los que pide dos años e prisión para cada uno de ellos.

25 MILLONES

El fiscal pide también que Rodríguez Galindo, Elgorriaga, Vaquero, Dorado y Bayo indemnicen solidariamente a las familias de cada una de las víctimas con 25 millones de pesetas, cantidad a la que deberá hacer frente el Estado como responsable civil subsidiario.

Sin embargo, el abogado del Estado niega cualquier responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Administración en este caso. No obstante, considera que si del juicio oral se deduce lo cotrario, las indemnizaciones deberían calcularse en función de lo que marca la Ley de Víctimas del Terrorismo, y no atendiendo a las cuantías establecidas por el fiscal.

El abogado del Estado niega los hechos que relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales y, en este sentido, argumenta que si los guardias civiles procesados en este caso cometieron los delitos que se les imputan fue porque se extralimitaron en sus funciones.

VERSION DEL FISCAL

En su escrito de conclusiones provisonales, el fiscal considera probado que, siguiendo órdenes de Rodríguez Galindo y Angel Vaquero, los entonces guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo secuestraron en Bayona a Lasa y Zabala, para llevarles a Intxaurrondo (Guipúzcoa) y torturarles durante los interrogatorios, que duraron tres días.

Entonces, según el fiscal, "ante el lamentable estado físico de los dos jóvenes, consecuencia de los suplicios", Rodríguez Galindo decidió que fueran trasladados hasta Alicante "donde se les haría desaprecer".

Así, Lasa y Zabala fueron instroducidos en el maletero del coche de Enrique Dorado y conducidos hasta un paraje ubicado en el término municipal de Busot. Una vez allí, "los desnudan de cuerpo entero y únicamente les dejan las vendas y apósitos que rodeaban sus tobillos, tapaban sus ojos, amordazaban sus bocas y cubrían sus llagas y heridas".

EL ASESINATO

Los dos etarras fueron situados frente a una fosa, previamente cavada y, ante la presencia de sus compañeros, el sargento Enrique Dorao Villalobos "efectúa tres disparos de arma de fuego". El primero fue sobre la cabeza de Lasa y los otros dos sobre la de Zabala, y ambos murieron en el acto. Los cuerpos fueron enterrados y cubiertos con cal viva para hacer desaparecer los restos.

El asesinato fue reivindicado por los GAL mediante llamada telefónica a la Cadena Ser de Alicante en enero de 1984. Un año después, un cazador de la zona descubrió restos de huesos humanos, algunos dentro de un hoyo y otros "esparcidos por la acción de las limañas".

Diez años después, las pruebas científicas confirmaron que estos restos correspondían a los asesinados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

ACUSACION PARTICULAR

Por otro lado, las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, defendidos por el abogado Iñigo Iruin, acusan de pertenencia a banda armada, detención ilegal, torturas y aesinato a Elgorriaga, Galindo, Dorado, Bayo y Vaquero.

Para Elgorriaga y Galindo Iruin solicita un total de 114 años de cárcel para cada un de ellos, mientras que para Dorado, Bayo y Vaquero pide 112 años de prisión para cada uno de ellos. Para estos cinco procesados reclaman además 24 años de inhabilitación.

La acusación particular pide también 10 años y 6 meses para Vera, a quien acusa de encubrimiento y malversación de caudales públicos, delito éste del que no acusa a Argote, para quien solicita 4 años de cárcel. De inhabilitación pide 20 para el ex secretario de Estado para la Seguridad y 12 para el abogado.

Por su parte, la accón popular, ejercida por el Ayuntamiento de Tolosa y la Asociación contra la Tortura, solicita 118 años para Rodríguez Galindo y Elgorriaga, 116 para Dorado Bayo y Vaquero, 4 para Argote y 6 para Vera, a quienes acusa de los mismos delitos que el fiscal.

UNA INVESTIGACION DE CINCO AÑOS

Aunque Lasa y Zabala desaparecieron en 1983 y sus cuerpos fueron hallados al año siguiente, sus restos mortales no fueron identificados hasta 1994, momento que dió lugar al inicio de la investigación judicial en la Auiencia Nacional y que terminó casi cinco años después.

El proceso se ha visto salpicado por numerosos incidentes, como fue el supuesto secuestro y violación de uno de los testigos protegidos, o bien la aparición de documentación supuestamente no aportada al caso, una vez concluida la investigación, poco después de que su instructor y ex juez Javier Gómez de Liaño fuese condenado por el Supremo por prevaricación.

Otros de los incidentes fue el protagonizado Bayo, quien ha intentado suicidarse en a menos tres ocasiones y ha cambiado su versión de los hechos más de una vez. Al parecer, el hecho de haberse visto entre rejas y estar lejos de su familia, mientras que Rodríguez Galindo continuaba en libertad, le ha afectado psicológicamente.

Después de haber negado cualquier relación con los hechos, afirmó que él personalmente había custodiado por órdenes superiores a las víctimas en el Palacio de la Cumbre, en San Sebastián, versión de la que se retractó de nuevo, exculpando al resto de los actuale procesados y achacando el crimen a mercenarios.