Así lo afirmaron la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la vicepresidenta del Cermi y presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica; la directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Almudena Castro-Girona; el asesor jurídico de la Asociación Liber, Torcuato Recover Balboa, y el presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández, en un debate sobre esta reforma legal, organizado por la agencia de noticias Servimedia.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de junio de 2021, la Ley 8/2021 implicó cambios en hasta ocho normas (el Código Civil, la Ley Hipotecaria, el Código de Comercio, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la de Enjuiciamiento Civil, la del Notariado, la de Patrimonios Protegidos y la Ley del Registro Civil).

Con ella se puso fin a las incapacitaciones judiciales, que implicaban la supresión de la capacidad jurídica de las personas, y se estableció su sustitución por apoyos individualizados -adaptados a las necesidades de cada persona-, para que estas puedan expresar su voluntad y tomar sus propias decisiones. De ese modo, dejaron de ser vigentes las tutelas judiciales.

GRAN AVANCE

Según Castro-Girona, “hemos avanzado mucho” en cuanto al reconocimiento y la protección “de la dignidad” de las personas con discapacidad gracias a esta ley porque establece que “no se puede retirar la capacidad jurídica a ningún ser humano y consagra la figura de los apoyos individualizados”. A su juicio, sólo ya esto supone “un gran avance en la garantía efectiva de los derechos universales”.

Aunque reconoció que esta nueva legislación también es "un cambio radical de modelo, que no ha ido acompañado del mismo cambio social”, por lo que “nos tenemos que acostumbrar todos”. "Es una ley bebé, que poco a poco debemos ir vistiendo”, recalcó.

Segarra explicó que, por ello, se ha comenzado "por ofrecer la formación interna (prevista en la misma ley) a los distintos operadores jurídicos” como jueces, fiscales, notarios, etc.

Indicó que desde el punto de vista de la Fiscalía, la reforma implica "una nueva forma de mirar". Hasta su entrada en vigor (y desde 1983), “los fiscales teníamos que proteger el interés superior de la persona o lo que nosotros entendíamos que era ese interés superior”. A partir de ahora, "debemos velar por que su voluntad sea respetada”, prosiguió, lo que a veces supone “llevar a cabo indagaciones para recabar” cuál es esta voluntad. A su juicio, “aún le falta mucho recorrido” a esta ley, que “implica cambios profundos en la vida comercial, judicial, bancaria…”.

Con todo, Recover aseguró que “el balance es enormemente positivo”, pues “hemos pasado de un modelo” donde se proponía “una especie de rehabilitación médica judicial” a otro basado “en el reconocimiento pleno de derechos”. Para garantizar esto último, “se ha instaurado un concepto jurídico nuevo: los apoyos individualizados”. La reforma “supone una auténtica victoria social, en la que estamos todos trabajando”, subrayó.

REVISIONES

El presidente del Foro Justicia y Discapacidad indicó, por su parte, que “la voluntad de todos los jueces y operadores jurídicos es cumplir” con esta nueva ley, que “supone un avance en derechos”, pero reclamó más medios y recursos para lograrlo.

Recordó que, por ejemplo, la nueva norma establece un plazo de tres años para que todas las sentencias de modificación de la capacidad jurídica dictadas bajo la legislación anterior sean revisadas e insistió en que “si no se dispone de más recursos, no vamos a cumplir el plazo”.

En este año y medio ya largo de funcionamiento de la ley, no se han revisado ni la mitad de los fallos anteriores, declaró. Además, Segarra apuntó que la Fiscalía ha creado “un grupo de reflexión y buenas prácticas sobre cómo han de llevarse a cabo estas revisiones". Se trata de “escuchar a las personas de forma individual, una a una”, prosiguió, para determinar qué apoyos precisan.

“Nos lo estamos tomando con calma porque es importante”, indicó. Además, trajo a colación el ejemplo de María, una persona cuya sentencia de incapacitación se revisó recientemente. Según declaraciones de la propia afectada, “la primera vez no la dejaron ni hablar aunque lo intentó cuando lo hacían sus hermanas; ahora sí la han escuchado y eso que era el mismo juez". María no sabe “qué ha cambiado”, pero asegura “sentirse mejor, contenta”.

MÁS RECURSOS

Por su parte, Recover destacó que la obligación de determinar los apoyos individualizados que requiere cada persona “supondrá más carga de trabajo para los juzgados”, que deberán recabar informes y la intervención de profesionales. “Esto no se logra sin presupuesto”, recalcó.

Segarra expuso además que la ley consagra “el derecho de las personas a entender y a ser entendidas”. Por eso, reclamó que la figura del facilitador judicial se incluya en “la carta de servicios a disposición de los juzgados".

Por el momento, "sólo los intérpretes de lengua de signos están disponibles", cuando la intervención de facilitadores resulta imprescindible para que las personas con discapacidad intelectual “entiendan qué está pasando ahí” y, en otros casos, puedan además expresarse.

Según Fernández, “estos ajustes de procedimiento” habían funcionado hasta ahora como ejemplos de buenas prácticas en unas pocas comunidades autónomas”. Sin embargo, la nueva ley los consagra en su artículo 7.bis, por lo que “cualquier ciudadano puede exigirlos”. “Es el derecho a la accesibilidad cognitiva", puntualizó Recover.

SIN PREJUICIOS

Otro aspecto donde la nueva legislación tiene un gran impacto es en el mundo del notariado. Por este motivo, la directora de la Fundación Aequitas llamó a sus compañeros a “no tener prejuicios” sobre la capacidad de las personas con discapacidad para “prestar consentimiento”. “Debemos recibirlas en nuestros despachos y dedicarles el tiempo que necesitan”, indicó, para estar seguros de que “entienden el proceso y que expresan su voluntad”.

Esto requiere “formación a los notarios” y recursos, pues “nos ha cambiado la forma de trabajar”. “Es además preciso formar a los trabajadores sociales, prosiguió Castro-Girona, que “están en primera línea y son quienes dirigen a las familias” a una ventanilla u otra.

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Del mismo modo, también las entidades bancarias deben adaptar sus procedimientos y entender la nueva ley. “Por un exceso de protección”, algunos bancos bloquearon las cuentas donde personas que habían sido incapacitadas recibían sus pensiones, a la espera de que sus sentencias fuesen revisadas. En otros casos, eran las cuentas de personas con discapacidad que cumplían la mayoría de edad.

La Fiscalía se puso en contacto con ellos y en la actualidad, “existe muy buena predisposición por parte del sector” para desarrollar la reforma, aseveró Segarra.

“No hubo más bloqueos desde que mantuvimos estas conversaciones”, destacó, señalando que “la banca es otro sector que tiene una gran responsabilidad” en estos temas, sobre cuyas normas de funcionamiento habría que promover algún cambio.

A su juicio, se ha llevado a cabo una reforma muy importante para restituir la capacidad jurídica a todas las personas, pero quedan pendientes “pequeñas reformas en muchos sectores” relacionados.

La misma idea expresó Recover, quien aprovechó para “llamar la atención del legislador y del Gobierno” sobre que “no se trata sólo de modificar el Derecho Civil, sino muchos otros aspectos que influyen en la discapacidad”.

Carmen Laucirica insistió en la necesidad de ofrecer formación a todos los agentes implicados, también a las familias de las personas con discapacidad, que ven cómo se manejan “conceptos distintos mientras “las cosas siguen complicadas para ellas”. “Les pido que no tengan miedo”, declaró, porque sus hijos o parientes “no van a quedar desprotegidos”.

Por eso, animó a la sociedad a que sea permeable "a todas estas reformas”, pues al final, los apoyos naturales son "los más efectivos”. “Antes las cosas se hacían como se hacían”, dijo en referencia a las familias que pidieron la incapacitación de sus hijos, como fue su propio caso. No se trata de “buscar culpables”, reflexionó, pues la mentalidad social sobre la discapacidad era otra. “Lo que tenemos que aprender, entre todos, es cómo hacer el acompañamiento que estas personas necesitan”, concluyó.